Redacción.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena enérgicamente el homicidio de varios niños y adolescentes que se encontraban en un local de videojuegos en el municipio de Uruapan, Michoacán, el cual fue presuntamente perpetrado por integrantes de un grupo delictivo, y urge a las autoridades de esa entidad federativa y de la federación a implementar acciones y políticas públicas integrales para detener la violencia e inseguridad que prevalece en diversas regiones del país, la cual afecta de forma especialmente grave a niñas, niños y adolescentes.
Este Organismo Nacional expresa su solidaridad y apoyo para las familias de las personas menores de edad que perdieron la vida; exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación expedita y diligente que permita sancionar a los responsables y apoyar de manera integral a las familias de las víctimas, y hace un llamado para que los medios de comunicación se abstengan de difundir imágenes de los hechos y datos personales que revictimicen a las personas agraviadas.
La actividad de grupos criminales en México genera múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que van desde la mortalidad por el uso de la fuerza letal, la pérdida de sus familiares por homicidio o desaparición, el desplazamiento forzado, la pobreza, la privación de su libertad, la explotación y trata, hasta impedir su acceso a derechos como la educación, la salud y la seguridad social por mencionar algunos.
Los datos estadísticos disponibles evidencian el impacto que la violencia tiene en las vidas de ese grupo poblacional. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística entre 2007 y 2017 se ha triplicado el número de víctimas de homicidio de personas entre cero y 19 años, pasando de 1,002 en 2007 a 2,858 en 2017. De igual forma, en el periodo 2015-2018, los Estados de Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California fueron los que registraron las mayores tasas de ese delito.
De acuerdo con datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral, la percepción de seguridad de la población menor de edad es negativa ya que el 71% de las niñas y niños entre 6 y 17 años manifestó no sentirse seguro en las calles.
En el Estudio Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México publicado por la CNDH en 2019, se advierte que Michoacán es una de las entidades que presenta alto riesgo de violencia asociada con el crimen organizado, lo que implica que las personas menores de edad están más expuestas a sufrir las consecuencias de la presencia y operación de esos grupos delictivos, y a padecer un impacto mayor en el ejercicio de sus derechos.
Esta Comisión Nacional estima que la prevención y atención a este grave flagelo social, requiere un enfoque especializado que se refleje en el ámbito social, político, económico y legal. No basta contar con uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de derechos de la niñez, sino que es prioritario fortalecer la capacidad operativa de las instancias de protección y restitución de derechos.
Además, invertir en capacitación y evaluación de las personas servidoras públicas, garantizar el acompañamiento integral de las víctimas, y contar con los medios adecuados para reparación y restitución de sus derechos y ofrecer garantías de no repetición, todo, con atención al principio de interés superior de la niñez.
Es indispensable que las autoridades adopten, entre otras acciones, una estrategia de mediano y largo plazo, con personas expertas, ante el reto que involucra enfrentar la violencia relacionada con el crimen organizado y su impacto en niñas, niños y adolescentes.
Que impulsen una reforma profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia que permita su autonomía y abata la impunidad, la corrupción e ineficacia.
Asimismo, generar estrategias a nivel local que involucren la participación de familias, la comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes para restituir el tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y violencia generalizada.
Derivado de los hechos ocurridos en Uruapan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán inició un expediente de queja y ha tomado las acciones para que se apoye a las víctimas. Asimismo, esta CNDH se mantendrá al tanto de los avances en la investigación y con plena colaboración para lograr el respeto de los derechos de las personas agraviadas.
