Cartas a la redacción de Infolliteras / Foto: PJ Yucatán, archivo .- Trabajadores del Poder Judicial cuestionan el desempeño del titular de la Dirección Jurídica y denuncian una gestión marcada por asuntos sin atender, encomiendas incumplidas y falta de rendición de cuentas.

Dentro del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán existe un descontento cada vez más evidente respecto del funcionamiento de la Dirección Jurídica. No se trata de una inconformidad aislada ni de una diferencia personal: se trata de una acumulación de omisiones, pendientes institucionales y cuestionamientos sobre la manera en que se ejerce una responsabilidad pública de alto nivel.

Mientras los trabajadores y ciudadanos esperan respuestas, los asuntos se acumulan y las obligaciones institucionales continúan sin resultados visibles.

Entre los problemas que caracterizan esta gestión destacan:

1. Peticiones sindicales sin atender. Las solicitudes de las organizaciones sindicales permanecen sin la atención y respuesta que corresponde a una Dirección Jurídica que debería garantizar certeza y acompañamiento institucional.

2. Encomiendas del Pleno sin cumplir. Las instrucciones del máximo órgano de gobierno del Tribunal no pueden convertirse en simples trámites pendientes. Un ejemplo es la encomienda de analizar la posibilidad de otorgar un bono anual a los trabajadores del Poder Judicial. La instrucción existe; lo que no se conoce es un resultado que se traduzca en una respuesta concreta.

3. Productividad jurídica cuestionable. Los índices de productividad reflejan una preocupación sobre la capacidad de respuesta del área. La pregunta es sencilla: ¿qué resultados está entregando la Dirección Jurídica a cambio de la responsabilidad y los recursos públicos que tiene asignados?

4. Rezago en interconexión institucional. Yucatán continúa rezagado en materia de interconexión, mientras otros poderes judiciales han avanzado en la vinculación de sus sistemas. La falta de resultados en esta materia también tiene consecuencias para la modernización y eficiencia institucional.

5. Convenios de colaboración acumulando pendientes. Instrumentos que requieren revisión jurídica permanecen sin el avance oportuno, obstaculizando compromisos y proyectos que deberían contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial.

6. Licitaciones y adjudicaciones bajo cuestionamiento. La intervención jurídica en procedimientos de contratación pública no puede estar exenta de escrutinio. Existen señalamientos sobre licitaciones y adjudicaciones que ameritan conocer quién intervino, con qué criterios y bajo qué justificaciones.

7. Un posible negocio alrededor de los finiquitos. Se ha señalado la existencia de un posible esquema de intermediación o beneficio particular relacionado con los finiquitos de trabajadores. Un asunto especialmente delicado por involucrar recursos y derechos laborales que deben manejarse con absoluta transparencia.

8. Representación del Tribunal de los Trabajadores sin facultades suficientes. Se cuestiona que la Dirección Jurídica asuma la representación de dicho órgano sin contar con la personalidad o las facultades legales necesarias para hacerlo. La representación institucional no puede ejercerse por voluntad propia: debe tener fundamento jurídico.

9. El programa “Puertas Abiertas”, sin seguimiento ciudadano. ¿De qué sirve recibir a los ciudadanos si después sus planteamientos quedan sin seguimiento? Las personas que acuden a través de este programa merecen respuestas, atención y soluciones, no solamente una reunión que termina cuando se cierra la puerta de la oficina.

10. Atención de particulares en instalaciones oficiales. También se ha señalado la atención de personas particulares en las oficinas de la Dirección Jurídica, a puerta cerrada y durante el horario laboral. A ello se suma el señalamiento de que el titular habría ofrecido servicios jurídicos particulares a cambio de dinero. Una conducta que, de acreditarse, sería incompatible con la responsabilidad y las obligaciones inherentes al servicio público.

¿POR QUÉ NO HAY CONSECUENCIAS?

Uno de los aspectos que más indignación genera al interior del Tribunal es la percepción de que, pese a los múltiples cuestionamientos sobre el desempeño del titular de la Dirección Jurídica, no existen consecuencias institucionales proporcionales.

Entre los señalamientos internos también se encuentra la presunta protección derivada de sus vínculos familiares. No es aceptable que las relaciones personales o familiares se conviertan en una barrera frente a la supervisión, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

La preocupación no es menor: cuando los asuntos pendientes se acumulan, las instrucciones superiores no se traducen en resultados, los ciudadanos no reciben seguimiento y existen cuestionamientos sobre el manejo de procedimientos y recursos, la institución entera termina pagando las consecuencias.

El Poder Judicial no puede funcionar bajo la lógica de privilegios, tolerancia selectiva o responsabilidades que nunca llegan.

No basta con ocupar una Dirección Jurídica. Se requiere trabajar, responder, cumplir las encomiendas, proteger los intereses institucionales y actuar dentro de las facultades legales del cargo.

Los trabajadores del Poder Judicial merecen una Dirección Jurídica que trabaje para la institución, no una institución que tenga que cargar con los pendientes de su Dirección Jurídica.

Es momento de que el Tribunal Superior de Justicia deje de guardar silencio frente a estos señalamientos y rinda cuentas sobre el desempeño de un área que debería ser ejemplo de legalidad, eficiencia y responsabilidad.

La función pública no es un privilegio. Y ningún cargo debe convertirse en sinónimo de impunidad.