Redacción.- En San Fernando, Kinchil y Celestún, acompañados de observadores de derechos humanos, se realizó el 15 de julio en dichas poblaciones yucatecas “la fase consultiva del proceso de consulta sobre las mega-granjas de cerdos en estos tres pueblos mayas del poniente de Yucatán” con la pregunta: “como pueblo ¿le das permiso al dueño de la granja de cerdos para seguir trabajando en nuestro territorio?”. El resultado, según la organización Indignación, que ha apoyado todo el proceso, fue sí (o a favor) en Kinchil y no (o en contra), en Celestún y San Fernando. Al respecto, la empresa Kekén días antes afirmó que la consulta indígena está contemplada en la Constitución y para su realización se requieren de parámetros establecidos, sin embargo, la asamblea informativa del 15 de julio de 2021 no cumple con los requerimientos establecidos en la ley, es decir, no es una consulta indígena como marca la Constitución, por lo que la empresa no puede participar en este acto”.
Indignación por su parte aseguró tras el resultado de la consulta que “este ejercicio de decisión del pueblo maya, se llevó a cabo a pesar de la presencia de la empresa quien en público obstaculizó y deslegitimó la consulta, pero a la vez operó de diferentes maneras a través de las amenazas, la confrontación e incluso la coacción monetaria, ya que se escuchó a distintas personas mencionar que la empresa estaba repartiendo dinero a cambio de votar en favor de la granja porcícola. Lo anterior influyó notablemente en el clima de tensión y en el resultado de las consultas efectuadas en San Fernando y Kinchil”, según dijo en un comunicado.
Sin embargo, Indignación aseguró que “es de destacar el proceso de organización y convocatoria del pueblo, el cual, ante la ausencia de un proceso de consulta indígena por parte del Estado y de la empresa, han sido sus propios convocantes enfrentando, como ya mencionamos, a los diversos intentos de descalificación del proceso, además de que no quisieron asistir a la fase informativa. Estas acciones siguen reflejando la relación racista y colonial con la que tratan al pueblo maya”.
Días antes de la votación, la empresa Kekén publicó un desplegado en diversos medios impresos locales en el que decía “en relación con la convocatoria difundida para llevar a cabo una asamblea informativa, Kekén reitera a la opinión pública su compromiso con el cuidado de su comunidad, su entorno y el medio ambiente”.
En dicho comunicado afirmaba también que “la empresa participa constantemente en espacios de diálogo para promover mejores prácticas en beneficio de Yucatán y la región. De manera regular, las instalaciones de nuestra empresa son verificadas por la autoridad ambiental para certificar el cumplimiento de la normatividad vigente”.
Según Kekén, “de acuerdo con el marco legal en nuestro país, la consulta indígena está contemplada en la Constitución y para su realización se requiere con parámetros establecidos. La asamblea informativa del 15 de julio de 2021 no cumple con los requerimientos establecidos en la ley, es decir, no es una consulta indígena como marca la Constitución, por lo que la empresa no puede participar en este acto”.
Asimismo en el comunicado de marras, “Kekén reafirma que la sustentabilidad es un proceso de mejora continua. La empresa coincide en la necesidad de cuidar el agua y los cenotes del Estado. Por ello, desde sus orígenes, Kekén cuenta con un proceso de producción sustentable que incluye un uso responsable del agua con sistemas de tratamiento para disminuir la extracción y la descarga, de igual manera, se realiza tratamiento de sólidos para composta y se promueve un programa de conservación de especies endémicas para cuidar flora y fauna”.
“La empresa reitera su disposición a participar en espacios de diálogos constructivos, apegados a la ley y convocados por las vías institucionales cuya finalidad sea alcanzar el bien común”.
EJERCICIO SIN PRECEDENTE, DICE INDIGNACIÓN
La organización de derechos humanos, Indignación, afirmó que con la consulta “el pueblo maya sembró un precedente: Nunca más sin su permiso, con lo cual, abren camino para gobernar sobre su territorio y decidir como pueblo, pero sobre todo, para que sepan las empresas y el Estado, que antes de implementar cualquier proyecto, tienen que contar con el permiso del pueblo maya”.
Asimismo, dijo que “los resultados de la fase consultiva fueron: en Celestún, el pueblo se pronunció por la negativa a que continúen las granjas porcícolas (1101 “no” y 7 “sí”). Estos resultados son un ejemplo de autodeterminación, en una consulta libre y sin presencia de la empresa”.
“Los resultados en San Fernando, cercado bajo la amenaza de la granja, fue un “no” a que esta granja continúe funcionando en el territorio del pueblo (59 “no” y 58 “sí”). En Kinchil, en un clima también de cercamiento, el resultado fue un “sí” para que las fábricas continúen en funcionamiento (576 “sí” y 423 “no”)”, aseguró Indignación.
