Tan sólo Yucatán acumula multas por 105.8 millones de pesos contra empresas del sector porcícola, como resultado de procedimientos ambientales iniciados en años atrás, reveló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Mientras que durante 2025 y 2026, los inspectores de esta dependencia federal realizaron 18 inspecciones a granjas, que derivaron en medidas correctivas y una clausura total definitiva, debido a las diversas anomalías detectadas.
Asimismo, las revisiones abarcaron instalaciones ubicadas en Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá, entre otros municipios, como parte de una estrategia conjunta de autoridades federales y estatales para reducir la contaminación del agua y del suelo.
A pesar de las medidas, familias de diversas poblaciones realizan protestas y cierres a accesos a granjas porcícolas, debido a la fetidez ciencia que emanan, la contaminación al maneto freático y la detección de heces fecales de cerdos en cenotes, entre otras irregularidades.
Uno de los casos más relevantes corresponde a Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, donde el 4 de septiembre de 2025 se ordenó la clausura definitiva, se impuso una multa de 18.6 millones de pesos y se estableció la obligación de reparar los daños ambientales.
En abril de 2026 concluyó el retiro de los 41 mil 570 cerdos que permanecían en esas instalaciones. Actualmente, la Profepa, con apoyo de especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), evalúa las afectaciones al agua y al suelo para determinar las acciones de restauración que deberá cumplir la empresa.
Tras la reciente denuncia de Greenpeace México, los porcicultores yucatecos refutaron la acusación, y hoy, tanto la Profepa como el gobierno del Estado abordaron el tema.
En cuanto a Kekén, compañía que junto con sus granjas aparceras concentra el 80 por ciento de la producción porcícola de Yucatán, las autoridades reportaron avances en la modernización de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.
De sus 14 granjas propias, tres ya cuentan con los equipos complementarios en funcionamiento y otras 11 trabajan en su instalación. El plazo para concluir estas adecuaciones vence en marzo de 2027.
Asimismo, 39 de las 56 granjas aparceras presentaron proyectos de mejoramiento para su evaluación ambiental, equivalentes a cerca del 70 por ciento del total.
Las modificaciones buscan cumplir los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
La estrategia también contempla reducir emisiones de metano, incorporar tecnologías de aprovechamiento energético y fortalecer la vigilancia de instalaciones medianas, grandes y megagranjas.
En estas acciones participan la Semarnat, Profepa, Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Inecc y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.
Las dependencias informaron que no se ha autorizado la construcción ni operación de nuevas granjas porcícolas en el Estado.
También señalaron que continuarán atendiendo las denuncias comunitarias y supervisando la reparación de los daños, con prioridad en la protección del acuífero, los ecosistemas y la salud de la población.
Gobierno de Yucatán informa que no hay autorizaciones para nuevas granjas porcícolas / Monitoreo científico en tiempo real en alianza con la UNAM
Comunicado del Gobierno de Yucatán.- En atención a las inquietudes expresadas por la ciudadanía sobre los posibles impactos ambientales de...









