Redacción.- Es urgente garantizar el derecho a la educación al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) así lo reconoció la Confederación Nacional de Jóvenes y Profesionistas de México (Conapro), quien advirtió que “para evitar más actos de corrupción, es necesario hacer más ajustes”.
“Reconocemos al director Reyes Sandoval su contribución, pero es necesario ajustar la Coordinación Nacional de Cálculo y la dirección de Cómputo y Comunicaciones, si realmente se quiere evitar la corrupción”, dijo su presidente Silvio Octavio García Rodríguez.
En días pasados, los titulares de las direcciones de Recursos Materiales, Organo Interno de Control y la oficina del Abogado General, fueron removidos tras sendas investigaciones judiciales que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, el ingeniero García Rodriguez advirtió que las auditorias ubican más presuntos hechos de corrupción al interior de la Coordinación Nacional de Cálculo y de Cómputo y Comunicaciones, hechos que lesionan a miles de estudiantes, investigadores y docentes del Instituto.
Por su parte, el abogado Mauricio Hernández Pérez recordó que Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y sus subalternos, David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernandez Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones, son algunos de los nombres que aparecen en la investigación de la FGR como responsables de estos presuntos actos de corrupción.
Hernández Pérez explicó que ellos han comprometido la telefonía digital y el cableado estructural, de manera particular de fibra óptica, en los recintos del IPN, dejando al desamparo a miles de estudiantes y científicos en todo el país.
“Ellos son señalados por boicotear los contratos que celebró el IPN con empresas que distribuyen estos servicios, ya que primero requirieron la mano profesional de empresas como “Proyectos y Suministros Interdisciplinarios de la Ciudad de México” así como “Banana Technologies Group” y luego, violentaron el procesamiento de Ley”, sostuvo.
Los funcionarios del IPN señalados, fueron pillados al intentar deshacer un contrato ya adjudicado —de mantenimiento en materia telefonía digital—, acción ilegal que sumó la falta de firmas de los funcionarios públicos en dichos contratos.
Con estas acciones, Víquez Cuevas, Magaña Martínez y Hernandez Betancourt, según señala la investigación judicial, son responsables en dejar al desamparo tecnológico a millones de estudiantes del IPN, de manera particular, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Alumnos de educación media, profesional y hasta de postgrado; académicos, investigadores y personal administrativo, quedaron vulnerables en materia de conexión digital, aún con la pandemia por Covid-19 desde el año pasado, según se desprende de las indagatorias que desahoga la cartera del fiscal Alejandro Gertz Manero.
