Redacción.- A continuación publicamos el discurso íntegro del gobernador Mauricio Vila Dosal hoy por la mañana en Palacio de Gobierno:
La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. No podemos bajar la guardia, sobre todo en un entorno como el actual, donde en el año 2019 el país el año más violento de su historia. Muchos de los estados de nuestro país sufren un grave incremento de sus índices delictivos, y no podemos dejar que la tranquilidad que caracteriza Yucatán se vea afectada.
Para proteger a los yucatecos de esta amenaza, los hemos escuchado y este
Gobierno del Estado ha tomado medidas responsables y contundentes. En un
ejercicio inédito, en donde participó activamente la sociedad civil,
representada en el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, se
presupuestó un nuevo derecho, precisamente para salvaguardar la seguridad de las
familias yucatecas.
Este nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad
pública fue aprobado por la gran mayoría de los diputados del Congreso,
representantes de todas las fuerzas políticas que ahí coinciden: PAN, PRI,
Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza. Todos
ellos, en una decisión responsable, consideraron necesario tomar medidas
extraordinarias.
En todo este proceso, el Gobierno del Estado no ha caminado solo: siempre ha
estado acompañado por ciudadanos, que por primera vez en la historia reciente
de Yucatán tienen la oportunidad de participar activamente en la construcción
de nuestro futuro. Este es un Gobierno que se ha caracterizado en promover la
participación ciudadana y en abrir espacios a la sociedad; somos un Gobierno
que escucha, sensible a los problemas de los ciudadanos, ya que estamos
convencidos que la transformación la logramos juntos, solamente juntos.
Para recaudar el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de
seguridad pública se realizaron gestiones con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
La empresa pública, en oficio SSB/DW 01/0335/2019, con fecha 5 de noviembre de
2019, señaló que “la CFE […] considera que es viable y está facultada para realizar
el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos
de colaboración con entidades estatales”. Incluso, la paraestatal tasó la
contraprestación a ese servicio: 5.8% más IVA de lo recaudado.
Siguiendo con estas gestiones, nos reunimos ayer miércoles 15 de enero con el
director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. En esa junta, el funcionario
nos informó que el cobro del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica
en materia de seguridad pública no era viable a través del recibo de la
paraestatal; lo cual fue notificado horas después de manera oficial.
El resultado de esa reunión nos encaminaba a un conflicto jurídico entre el
gobierno federal y el gobierno estatal, ya que como estado soberano estamos en
nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes.
Sin embargo, como ustedes saben, la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles sino resultados tangibles. Estamos convencidos que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales sino en nuestras calles y hogares. La defensa del estilo de vida de los yucatecos no merece atrasos ni distracciones.
Somos un gobierno cercano y que escucha a los ciudadanos, por eso, también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho, como podría ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable.
POR ESO ME PERMITO ANUNCIAR QUE NO HABRÁ EL LLAMADO NUEVO IMPUESTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Sin bajar la guardia un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad, sin embargo, esta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración; seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas, que es su seguridad.
Reitero: La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones
que hemos tomado. Así me lo han pedido y así lo haré.
He instruido al consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira a que de inmediato
active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura
tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos.
También, he instruido a la titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Olga Rosas Moya, para que refuerce las medidas de austeridad
anunciadas al inicio de esta administración; los yucatecos seguirán disfrutando
de la calidad de vida a la que están acostumbrados. Todos los apoyos y los
servicios se seguirán otorgando y mejorando. Específicamente, he ordenado que
ningún mando medio y superior de este Gobierno goce de aumento de sueldo, que
se adelgace la estructura burocrática que no tenga que ver con prestación de
servicios básicos y que se amplíen, en general, las medidas de ahorro
presupuestal tomadas en esta administración.
No será fácil, pero la seguridad de las familias yucatecas bien vale este
esfuerzo adicional de parte del gobierno del estado. El Presupuesto de Ingresos
y Egresos para 2020 se elaboró con base en un diagnóstico en el que se
alertaba, con claridad, que la Federación había dejado de enviar recursos que,
en términos reales, ascendían a 3,860 millones de pesos. Sin embargo,
superaremos este reto con eficacia, disciplina financiera y transparencia.
La seguridad de las familias yucatecas es tan importante que no podemos permitir que sea rehén de intereses mezquinos o víctima de intereses políticos.
Reitero que no hay tiempo que perder en litigios ni en confrontaciones estériles, en las que nadie gana. Estos son tiempos de cambio y la transformación de Yucatán no puede esperar.