La justicia mexicana, convertida en ariete de la censura, de la represión y de la persecución política. El viejo aliado del poder autoritario sigue vigente, más que nunca, en el país, como demuestra el caso del periodista Sergio Aguayo.
Como dijo el mismo investigador del Colegio de México, su caso no es único, sino uno más en una larga cadena de denuncias de políticos que han obligado a numerosos periodistas a vender su escaso patrimonio para afrontar las denuncias por difamación.
En Yucatán, el uso de la justicia con fines facciosos, queda demostrado con la denuncia en el Ministerio Público en nuestra contra con acusaciones insostenibles y falsas, a las que les dio entrada un juez con mucho interés por silenciarnos y una fiscalía cómplice.
“La amenaza de embargo ha sido conjurada” por el momento, dijo Sergio Aguayo Quezada, en su cuenta de Twitter tras depositar 450 mil pesos en garantía, luego de que un juez civil de la Ciudad de México ordenara ejecutar esa acción si el académico no indemnizaba voluntariamente al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira con la desproporcionada suma de 10 millones de pesos por haber expresado una opinión sobre el también ex líder del PRI a nivel nacional en un columna publicada en el diario Reforma en el año 2006 tras la detención del priista en España.
El académico acusó también que es víctima de acoso de la justicia en la capital, donde se defiende de la demanda por “daño moral” interpuesta por el exgobernador Humberto Moreira. Aguayo Quezada denunció que la justicia ha sido hostil y parcial en su caso pues “Moreira ha contado con el apoyo de la justicia capitalina” y de sus magistrados. Los abogados de Sergio Aguayo descubrieron que el hermano del ex gobernador, Rubén Moreira, hizo notario al hermano del Magistrado Francisco Olea Contró, quien a su vez lo condenó al pago de 10 millones a Humberto Moreira. Es decir, el tráfico de influencias a todo lo que da y el pago de favores evidenciado, lo que muestra, más que nunca, la necesidad de investigar esos conflictos de interés, el enriquecimiento ilícito y la corrupción en el Poder Judicial en el país.
La demanda contra Sergio Aguayo muestra cómo el aparato de gobierno puede manipularse perversamente para beneficiar ciertos intereses. Por ello, preocupan iniciativas como el Código Penal Nacional, encaminadas a restringir la libertad de expresión en México, ha dicho la directora de Article19, Ana Ruelas.
“Esto que estamos viendo es un precedente preocupante porque se está criminalizando la opinión, y eso es perseguir el pensamiento”, declaró Ana Ruelas, en torno al caso de Sergio Aguayo.
Yo puedo pensar lo que sea de las personas y eso no significa que las personas tienen que enjuiciarme por eso, acotó Ruelas.
En un Estado autoritario, las personas no tienen derecho a pensar. Y esto que estamos viendo con el caso del escritor Sergio Aguayo es un precedente muy preocupante. Precisamente porque por un lado estamos viendo que se está criminalizando la opinión. Y por otro lado, estamos hablando de un funcionario público que fue gobernador del Estado de Coahuila, que ocupó el cargo de presidente del Partido Revolucionario Institucional y que por lo tanto se sujeta a un sistema dual de protección de la libertad de prensa; Humberto Moreira también tiene que garantizar éste derecho para todos, explicó.
Aquí lo que vemos es que se está utilizando la información de manera facciosa al aparato del Estado para acosar a Sergio Aguayo desde el sistema judicial y esto es algo que vemos que se va incrementando aún a pesar de los diversos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares, en los que ha establecido que, para ir contra un periodista, se tiene que comprobar en principio que la información es falsa y que esa falsedad se hizo con alevosía, con las ganas de dañar a la persona que se alude agredida. Es decir, para que Sergio Aguayo pierda en éste caso tendría que comprobar Humberto Moreira que lo que hizo Sergio Aguayo fue quererlo atacar directamente, situación que no sucedió y nunca va a suceder con una opinión.
Ruelas recordó que la defensa de Sergio Aguayo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México porque el magistrado ponente (que lo condena) va en contra de la sentencia en primera instancia que le daba la razón a Sergio Aguayo y ahora la revierte y le da la razón a Humberto Moreira, fijando, además, una multa desproporcional de 10 millones de pesos.
Lo que toca es que Olea Contró sea removido del caso, se excuse, para que se garantice imparcialidad en el juicio a Sergio Aguayo, puntualizó.
Pero como señala Sergio Aguayo: aunque interpuso una queja, el Tribunal capitalino no hizo nada y solo “observa con pasividad cómo se me acosa judicialmente por un magistrado que no debería estar en el caso”.
