Redacción.- Asís Cano Cetina y Cecilia Patrón Laviada, presidente estatal del PAN y diputada federal, respectivamente, solicitaron a un Juez de Distrito el amparo y protección de la justicia federal por presuntas irregularidades en materia ambiental en contra del humedal y manglar en terrenos del municipio de San Felipe y en el que han incurrido funcionarios priístas de esa demarcación en detrimento de la población de esa zona del estado.
“Pedimos un cese de la deforestación de manera inmediata y se suspenda la destrucción del humedal y manglar en el municipio de San Felipe”, indicaron.
Actos de omisión, falta de vigilancia, tala inmoderada, relleno de humedales, destrucción de manglar, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, entre otros, son algunas de las probables irregularidades en las que estarían incurriendo el Ayuntamiento de San Felipe que encabeza la alcaldesa priísta Juana Baltazar y el síndico Felipe Marrufo López.
“De igual manera hacemos un atento llamado a las autoridades federales a que actúen de manera pronta y a que se detenga el ecocidio en el que están incurriendo las autoridades priístas de San Felipe, además de que se sancione a los responsables de acuerdo a las leyes vigentes”, indicaron.
Indicaron que la solicitud de amparo es incluso contra la Fiscalía General de la República por permitir la probable configuración de un ilícito federal por la destrucción, deforestación inmoderada y cambio de uso de suelo del manglar y relleno de humedal dentro del Área Natural Protegida.
El presidente estatal del PAN y la legisladora federal acudieron este viernes, en compañía de Manuel Jesús López Rivas, director jurídico del PAN, a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para entregar el documento en la Oficina de Correspondencia Común del Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida.
Señalaron que el Ayuntamiento de San Felipe ha incurrido en una serie de irregularidades e incluso ha permitido y autorizado la construcción de viviendas y calles dentro de la Zona de Reserva Estatal de Dzilam, lo que sin duda generará un impacto negativo a corto plazo en contra de la flora y fauna de ese sitio.
Mencionaron que uno de los principales objetivos de las Áreas Naturales Protegidas es mantener la estructura y los procesos ecológicos que permitan una calidad ambiental adecuada y con ello un mejor nivel de vida para los pobladores de la misa, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, particularmente las endémicas o en peligro de extinción.
“Es lamentable que las autoridades sean omisas y permisivas, pues no han realizado una investigación a fondo respecto al impacto ambiental que está sufriendo el mangle y el humedal dentro de San Felipe, que afectan de manera directa a la población yucateca”.
“Las autoridades federales han pasado por alto los actos de daños al ecosistema al no existir una sanción o medidas preventivas que paralicen este ecocidio y de eso ya existe el antecedente desde hace seis meses cuando se iniciaron las denuncias correspondientes”.
En tal sentido, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se le reclama su probable omisión de constituir medidas de protección ambiental que paralicen la deforestación del mangle, eliminación de la flora y fauna, relleno de humedal y cambio del uso del suelo.
A la Profepa su falta de intervención al ser la autoridad responsable de cuidar y hacer prevalecer aquellos sitios protegidos, además de permitir que el manglar y el humedal de la zona sea objeto de destrucción, deforestación inmoderada, cambio de uso forestal y la no sanción de los funcionarios del Ayuntamiento de San Felipe, quienes son responsables de ese tipo de irregularidad.
En el caso de Ayuntamiento de San Felipe se le reclama el consentir la destrucción y deforestación inmoderada del manglar y relleno del humedal, además de emitir la convocatoria para someter a consideración del Cabildo la aprobación, de manera ilegal, de la nomenclatura de las calles.
Sin embargo, el actuar del Ayuntamiento de San Felipe va más allá y ha permitido y autorizado la construcción de viviendas y calles dentro de la reserva protegida y en ese proceso ha realizado el desmonte, la eliminación de vegetación natural, el corte, arranque, derribo y/o tala de vegetación de manglar y humedal, además del cambio de uso de suelo de terrenos forestales.
Lamentaron que el Ayuntamiento de San Felipe haya otorgado las constancias de fundo legal, así como su constitución, dentro de la zona de reserva, lo que sin duda representa un agravio a las leyes ambientales no solo en el ámbito federal sino también estatal.
