Redacción / Comunicado de Inmujeres.- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condena enérgicamente el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas y confía en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará el tratamiento debido a este delito.
La difusión de imágenes de hechos delictivos desde la apología del delito, el sensacionalismo, con saña, mofa y morbo generan revictimización, banalizan la violencia, atentan contra la dignidad, la intimidad e identidad de las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que obstaculizan el debido proceso para garantizar su derecho de acceso a la justicia.
Hacemos un llamado a todos los medios de comunicación, impresos y digitales, para asumir su responsabilidad como actores del cambio cultural que impulse una cultura de paz por medio de la generación de contenidos y coberturas informativas éticas y responsables. México enfrenta un reto mayúsculo en materia de violencia contra las mujeres, por lo que desde el Inmujeres exhortamos a los medios de comunicación a trabajar con rigor y profesionalismo.
En este sentido, los medios de comunicación tienen el deber de aplicar los compromisos asumidos en el “Convenio por la igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación”, signado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, así como en el “Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, respaldado por la UNESCO, con base en los instrumentos internacionales para la erradicación de la violencia de género.
Desde el Inmujeres, convocamos a la construcción de una estrategia conjunta que permita a las autoridades competentes, analizar y reformular las sanciones previstas a los medios de comunicación de acuerdo con el contexto, con el fin de que sean efectivas cuando en el ejercicio mediático se atente contra los derechos, la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas.
Finalmente, recalcamos que las medidas propuestas no atentan contra la libertad de expresión, toda vez que estas acciones pretenden garantizar la protección jurídica de las víctimas y sus derechos humanos.
