Redacción.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena la agresión de que fue objeto la periodista Mireya Ulloa Valencia, directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien fue apuñalada cuando llegaba a su domicilio en ese municipio de Veracruz, la madrugada del miércoles.
Este Organismo Nacional solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación exhaustiva y expedita para que esta agresión no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico.
Tras el atentado, la periodista fue trasladada por sus familiares a una clínica particular donde le dieron atención médica por las heridas ocasionadas en el abdomen con arma blanca y afortunadamente se reporta estable.
De acuerdo con información del periódico La Opinión, la propia Ulloa Valencia denunció la agresión a la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP), de la que, según ese medio, no obtuvo el apoyo, ya que su titular, Jorge Morales, minimizó el caso calificándolo de un simple asalto con violencia; no obstante, se afirma que la agresión fue directa y en ningún momento el atacante intentó llevarse las pertenencias de la comunicadora.
En cuanto conoció del caso, personal del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH, se puso en contacto con la periodista, para ofrecerle toda la ayuda y asesoría que requiera; asimismo se habló con directivos de su medio de comunicación, y con funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, instancia que inició un expediente de queja para la investigación de los hechos.
Para esta Comisión Nacional las agresiones a periodistas son hechos inaceptables y reprobables, que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto, porque afectan la libertad de expresión, pilar de la democracia mexicana.
De acuerdo con cifras del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de esta Comisión Nacional, desde el año 2000 se han cometido 156 homicidios de periodistas; desde 2005, 21 comunicadores se encuentran desaparecidos, y desde 2006 se han perpetrado 54 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, datos que dan cuenta del alto nivel de violencia que en México enfrentan los comunicadores.
Este Organismo Nacional reitera su pronunciamiento en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita brindarles una protección real, digna y pertinente.
