Redacción / Comunicado de Prensa del CCE.- La decisión del gobierno federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México.
√ El gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar.
√ La democracia tiene reglas; la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión.
√ Se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse.
√ La decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC.
√ Adicionalmente, la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades mal intencionadas.
√ La planta en cuestión utilizaría sólo el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad, y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada, para uso agrícola.
√ La supuesta consulta realizada el fin de semana no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante.
√ Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos.
√ Peor aún, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del COVID-19.
√ En ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales.
√ Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero.
√ La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país.
√ En un contexto internacional de crisis, en el que necesitamos más que nunca de la inversión privada, el daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable.
