Organizaciones porcicultoras del país pidieron a la Organización de las Naciones Unidas diálogo abierto, rectificación o supresión sobre el término “fábrica de animales”, corrección sobre la valoración de los biodigestores y divulgación del protocolo de consulta utilizados por Marcos A. Orellana Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, quien visitó el país y realizó una serie de declaraciones en días recientes. Piden que el relator de la ONU, haga pública la metodología utilizada durante su visita al país y a Yucatán en particular en lo concerniente a la industria porcícola, según dicen, ya que además no se reunió con el sector. Organizaciones como la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Local de Porcicultores de Mérida y la Organización de Porcicultores Mexicanos emitieron comunicados sobre la visita y los posicionamientos del Relator de la ONU que publicamos a continuación así como extractos de lo que dijo Marcos A. Orellana.
El relator dijo en sus declaraciones finales tras su visita a varios Estados del país incluido Yucatán que “una de las problemáticas especialmente graves es la contaminación persistente de diversos cuerpos de agua en México. Los ríos Atoyac en Puebla y Tlaxcala, Lerma en el Estado de México, Tula en Hidalgo y Grande de Santiago en Jalisco están saturados de tóxicos descargados por la industria. También preocupa la contaminación que hasta hoy afecta al Río Sonora trás un derrame masivo de desechos de lixiviado ácido en 2014 desde las instalaciones de la empresa minera Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México”.
Sobre Yucatán, específicamente afirmó “que durante la última década, el número de fábricas de cerdos (también conocidas algo eufemísticamente como granjas porcícolas) ha aumentado de manera descontrolada y exponencial. Así mismo, he sido informado por organizaciones de la sociedad civil sobre la existencia de numerosas granjas avícolas, cuyos impactos también empiezan a verse en las comunidades donde se instalan”.
También dijo, entre otras cosas, que “esto ha ocasionado que actualmente existan más de quinientas fábricas de cerdos en las inmediaciones de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. La mayoría de estas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos. Son fábricas que van desde los 50 mil cerdos, las que han sido levantadas sin consulta en comunidades de alrededor de 1500 personas habitantes. Como solución las autoridades y empresas han planteado la instalación de biodigestores, pero estos no solucionan el problema tóxico. Más bien, los biodigestores generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día”.
Visité los estados de Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. También conocí situaciones en los estados de Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí. Agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir conmigo sus historias y testimonios, así como sus esclarecedoras experiencias colectivas.
En esta etapa final de mi visita, me complace compartir mis observaciones preliminares, que se desarrollarán en un informe completo sobre mi visita oficial de país a México que presentaré ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año.
El Relator de la ONU dijo específicamente sobre Yucatán también las siguientes palabras:
La descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes- sitio protegido por el Convenio de Ramsar- afecta de manera adversa los derechos de las comunidades. Además, las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmosféricas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono. Por otra parte, me resultan preocupantes la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo.
La clausura de la fábrica de cerdos en Santa María Chi es un paso positivo. Tras cerca de diez años, el gobierno federal está tomando acción, incluyendo inspecciones. Sin embargo, me preocupa especialmente el hecho de que muchas otras fábricas, según se informa, continúan operando a pesar de la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a los Pueblos y comunidades Indígenas. Por lo tanto, aliento al Estado a implementar de forma coordinada e interinstitucional las medidas necesarias para que los pueblos puedan tomar una decisión con base en procesos de participación amplios y efectivos en los que cuenten con toda la información accesible acerca de los impactos a la salud de estas instalaciones. Estas comunidades han venido soportando durante años olores fétidos y ruidos día y noche, plagas de moscas, y contaminación de sus aguas de pozo y el aire.
Una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición.
Considero también que es imperativo que las autoridades refuercen las medidas de supervisión y fiscalización sobre estos complejos, en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que tiendan a disuadir la libertad de expresión y asamblea, amenazar la labor de defensa a la naturaleza y criminalizar al pueblo Maya.
