Redacción / Eduardo Lliteras Sentíes.- Al grito de “¡somos la ley del pueblo”! un puñado de habitantes de la comisaría de Santa María, en Tizimín, impidieron entrar o salir a habitantes de dicha población, con el pretexto del coronavirus Sars Cov 2, al poner en práctica un “filtro” ilegal, como en la inmensa mayoría de las poblaciones y municipios de Yucatán, violando derechos e imponiendo a capricho “cuarentenas”, toque de queda y bloqueos carreteros.
Una treintena de habitantes erigieron dicho “filtro” casi al inicio de la emergencia de COVID19 en Yucatán, encabezados por el hermano del comisario de Santa María, Carlos Náhuatl, e impusieron cuarentenas forzadas a personas sin justificación ni respaldo médico que lo avalara, secuestraron a mujeres y niños en sus domicilios prohibiéndoles salir y se constituyeron en “aduana” revisando pertenencias y reteniéndolas a capricho.
Por si fuera poco, bloquearon a los ranchos y ejidos de la zona, generando pérdidas económicas, todo con la complacencia del alcalde priista de Tizimín, Mario González González, quien se negó a intervenir a pesar de la gravedad de los hechos descritos, y de la petición de ayuda de los ciudadanos afectados, lavándose las manos con el argumento de que se trataba de un tema de “usos y costumbres”.
De hecho, también se dice que la complacencia del alcalde Mario González, tiene que ver con su apoyo para que los hermanos Náhuatl sigan controlando la comisaría a favor del PRI.
FILTROS POR DECISIÓN PROPIA
En Santa María, a dos pueblos del Cuyo, tras pasar Colonia Yucatán, impusieron un “filtro” para ingresar al pueblo, con la justificación del coronavirus y con el escaso apoyo de 30 personas de una población de más de 800 personas que habitan en dicho lugar.
“El comisario local, Carlos Náhuatl Dizib, tiene a su hermano, Eduardo Náhuatl Dzib, al frente del filtro o retén, quien ha decidido que puede hacer lo que quiere en el pueblo, también por el temor del comisario a meter las manos en las decisiones de su hermano, quien se ha dedicado a alebrestar a la gente con miedo y tensión, utilizando la pandemia”, nos dice una testigo que pide el anonimato por temor a represalias.
La testigo explica que Eduardo Náhuatl declaró el toque de queda en el pueblo a partir de las diez de la noche por decisión propia.
Además, él, y su gente, cerraron todos los accesos al pueblo, incluidos los accesos laterales, que comunican, con ranchos de la zona donde trabajan decenas de personas y con el ejido Santa Isabel. La producción de alimentos, por ejemplo, de papaya, se ha visto perjudicada por dicho bloqueo, ya que han impedido salir a los camiones cargados de fruta.
Quienes tienen ranchos deben pasar, de tal manera, por el “filtro” principal, que en realidad funciona a conveniencia del hermano del comisario: dejan pasar a quien quieren, y a quien quieren perjudicar, o dañar, le impiden salir o entrar. Lo curioso es que las empresas refresqueras y de comida chatarra, nos explica, han podido entrar y salir, sin problemas.
Nos dice durante la conversación vía telefónica, que “en una reunión de habitantes de Santa María, se propuso, que más allá de instalar un filtro, en caso de problemas, podíamos convertirnos en una familia grande y apoyarnos. Pero en lugar de eso, instalaron un filtro a conveniencia” de algunos.
FILTRO XENOFÓBICO
La instalación del “filtro” también ha propiciado venganzas por conflictos entre personas de la comunidad así como expresiones de xenofobia contra los extranjeros y mexicanos de otros Estados del país que habitan en la zona, como revelan los testimonios recabados.
Otro de los afectados nos platicó que por su trabajo debe salir del pueblo: debo viajar a Valladolid, pero los del “filtro” impusieron la obligación a quien saliera del municipio de Tizimín, de estar en cuarentena a la fuerza, es decir, lo privaban de la libertad, sin que hubiera un certificado médico o dictamen de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
“Hablamos de una cuarentena no voluntaria, sino impuesta a la fuerza; y si no la cumples, te amenazan con correrte del pueblo”.
Asegura, asimismo, que “a mí me han amenazado. El día 14 de mayo regresé al pueblo después de dos días fuera. Ellos habían dicho que no podía pasar fuera de Santa María más de tres días, es decir, ni siquiera cumplí los tres días fuera, pero ellos, los del filtro, asumieron que yo había ido a Mérida, aunque un veterinario confirmó que yo estuve en Tizimín, esos dos días”.
“Entonces, básicamente, ellos me dijeron: no creemos en ti y te van a aplicar la cuarentena, porque tenemos la duda, y por eso te vamos a encuarentenar y me obligaron a quedarme en mi domicilio. Me dijeron al principio que me debía quedar dos o tres días. Cuando cumplí dos días y después de que el dueño del rancho donde yo trabajo habló con ellos y les pidió que me permitieran salir, porque es importante para el rancho, en un acuerdo de palabra, me dejaron salir de mi domicilio”.
Pero después, añade, “incumplieron el acuerdo verbal. Me dijeron: ya saliste de tu casa, ahora ya no puedes entrar. Y no me permitieron entrar a mi casa por 17 días y no sólo eso; yo había salido con mi mujer y mi hijo pequeño ese domingo porque pensé que podía salir, que todo estaba bien, pero tampoco les permitieron a ellos entrar a nuestra casa”.
“Nosotros intentamos entrar a las 7 de la noche y hasta las 12 de la noche finalmente le concedieron a mi mujer y a mi hijo el derecho de entrar y a mí me castigaron dejándome fuera de mi casa. Es decir, el sin sentido total”.
Eso sí, “aseguraron que se comprometían con que iban a velar con que a mi familia no le faltaría nada. Pero no se preocuparon, en los primeros diez días, con que les llegara nada; yo tuve que ver de hacerles llegar cosas con amigos y conocidos, añade el afectado”.
Asimismo, afirma que “después de 10 días a ellos se les ocurrió que ahora iban a revisar mis cosas, decían que ahora que eran la aduana y mis cosas debían pasar por sus manos a la fuerza y ni siquiera las entregaban personalmente: las colgaban de una barda y esperaban a que uno las encontrara, ni siquiera avisándote que allí estaban”.
Por último, afirma que “hasta han amenazado correrme del pueblo, y aunque no estoy casado, tengo carta de avecindado del pueblo, se me impidió ingresar a mi casa”.
Lo peor es que el alcalde Tizimín, Mario González González, ante estos abusos sin fin por única respuesta le dijo: tienes que acatar los usos y costumbres, omitiendo mediar, al menos, para defender los derechos de los afectados, algunos de los cuales son personas de fuera o extranjeros, que se han visto acosados por las personas del filtro y violados sus derechos.
Cabe señalar que los afectados aseguraron acudirían a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a exponer su queja y solicitar ayuda para poner fin a los abusos de los que han sido víctimas durante más de un mes.
Por último, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha realizado 307 procedimientos, inició 11 quejas y emitió 45 medidas cautelares, la mayoría de los casos por asuntos relacionados con actuaciones de autoridades municipales y de sus corporaciones policiacas en la aplicación de medidas durante la contingencia de COVID-19. Las quejan incluyen la actuación de personas que no son autoridad en retenes o filtros instalados a capricho en las poblaciones de Yucatán, sin supervisión alguna de las autoridades.
