Redacción.- Un ejemplo de cómo funcionaba el gobierno en sexenios anteriores, y su relación con la criminalidad organizada, fue dada a conocer por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna quien descubrió documentos con los que se demuestra que en junio de 2018 fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco por órdenes de Orlando Suárez López, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se trataba de cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero pero un menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La investigación publicada en el portal de Carmen Aristegui, explica que el beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
Se trataba de cientos de empresas y personas físicas sobre las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos.
Entre ellos, por ejemplo, el primer círculo familiar y de operadores de Joaquín El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de Juan José El Azul Esparragoza Moreno.
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