Redacción.- Pronto iniciarán las audiencias en Londres, Inglaterra, sobre la extradicción del periodista Julián Assange a los Estados Unidos, cuyo gobierno lo persigue por haber revelado al mundo los crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán al publicar vídeos e informaciones filtradas sobre la actuación del ejército estadounidense en esos países.
En efecto. Las audiencias fueron aplazadas anteriormente ante la imposibilidad de celebrarse por las medidas de prevención contra el coronavirus que rigen en el Reino Unido.
El próximo 7 de septiembre tendrá lugar la primera audiencia judicial para decidir sobre la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Mientras ésto sucede, nuevas revelaciones muestran los abusos y las ilegalidades judiciales que rodean el caso Assange.
Durante la primera audiencia se dará a conocer, por ejemplo, que el fundador de Wikileaks fue puesto bajo vigilancia encubierta por una empresa vinculada al mayor patrocinador financiero del presidente estadounidense Donald Trump.
Los dispositivos de escucha y las cámaras estaban escondidos alrededor de la embajada de Ecuador en el centro de Londres, donde Assange vivió como un fugitivo por años, con una alimentación directa al servicio de inteligencia de Estados Unidos, afirman medios británicos.
Asimismo, ha salido a la luz que Stella Moris, de 37 años, una abogada con quien Assange engendró dos hijos mientras vivía en la embajada, también fue supuestamente puesta bajo vigilancia junto con su equipo legal y visitantes de alto perfil.
Otra revelación que es un auténtico escándalo da a conocer que el esposo del magistrado jefe que supervisa el caso de extradición de Julian Assange estaba estrechamente asociado con un grupo de presión que criticaba públicamente al fundador de WikiLeaks en la época en que su esposa realizaba acciones contra Julian Assange.
Esto debería ser un gran escándalo: el esposo del juez que supervisa el caso de extradición de Julian Assange, un exministro de defensa conservador, estuvo involucrado con un grupo de presión que atacaba a WikiLeaks y trabajó con un grupo de expertos neoconservadores.
La magistrada en jefe de Westminster, Lady Emma Arbuthnot, emitió dos fallos legales clave contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en febrero de 2018, lo que aseguró que no podría obtener su asilo en Ecuador.
Por esta época, su esposo, Lord James Arbuthnot, un exministro de defensa conservador con vínculos con el ejército británico y el sistema de inteligencia de ese país, estaba trabajando en estrecha colaboración con la neoconservadora Henry Jackson Society (HJS), un grupo de presión con una fuerte línea política anti-Assange.
Lord Arbuthnot ha sido anfitrión y presidido eventos para el HJS en la Cámara de los Lores en Londres y durante mucho tiempo fue miembro de su “consejo político”.
El HJS ha llamado a Assange “loco y paranoico” y describió el asilo que le dio el gobierno de Ecuador como “el último escondite sórdido al que Assange cree que puede correr”.
Priti Patel, la actual secretaria del Interior del Reino Unido que aprobará la extradición de Assange a Estados Unidos si la corte lo ordena, también ha estado estrechamente involucrada con el HJS, incluida la recepción de beneficios financieros del grupo.
El 6 de febrero de 2018, Lady Arbuthnot desestimó la solicitud de los abogados de Assange de que se retirara su orden de arresto por saltarse la fianza, después de que se retirara la investigación sueca sobre las acusaciones de agresión sexual.
Si se hubiera concedido esta solicitud, Assange podría haber podido negociar un pasaje seguro a Ecuador para evitar su persecución por parte del gobierno de Estados Unidos.