Redacción.- Vendedores y agentes inmobiliarios que trabajan en el sector en Yucatán advierten del creciente número de personas que se dedican a invadir propiedades ilegalmente con la finalidad de apropiarse de éstas y venderlas. El tema no es nuevo, pero las denuncias siguen llegando a nuestra redacción.
En chats del sector inmobiliario vendedores advierten de la invasión de inmuebles por parte de personas en diversos municipios de Yucatán.
Algunos de los últimos casos señalan predios invadidos en los municipios de Mérida y Motul.
El problema ya tiene años pero ha cobrado auge en éste último año incluidos los fraudes a compradores de buena fe de lotes de inversión de otros Estados del país.
El modus operandi de los invasores es ingresar a casas que no están habitadas por sus propietarios o que por alguna razón están “abandonadas”.
Para apropiarse de los predios están utilizando a personas traídas de otros Estados e inclusive países, las que aprovechando que los predios no están habitados ingresan y se posesionan de los inmuebles.
Se trata de una auténtica mafia que está operando en Yucatán y que ha sido denunciada por agentes inmobiliarios, los que están advirtiendo de esta situación cada vez más frecuente.
De hecho, para recuperar los predios tienen que recurrir a la fuerza pública y no raramente a largos litigios, debido a la complicidad de notarios e inclusive de autoridades.
Las denuncias contra delincuentes que se apropian ilegalmente de casas y terrenos en Yucatán a semejanza del vecino estado de Quintana Roo, tienen varios años, por lo menos desde el pasado sexenio. Esas bandas de delincuentes actúan con la complicidad de notarios, políticos y funcionarios y utilizan tácticas de amedrentamiento y amenazas contra las personas afectadas.
Se habla de centenares de predios invadidos en Yucatán y en particular en la costa donde opera la llamada mafia inmobiliaria costera que involucra a ex funcionarios estatales de la anterior administración los que urdieron desde el Palacio de Gobierno la forma de apropiarse de terrenos, sin importarles que fueran predios nacionales o que ya tuvieran posesionario.
Precisamente a raíz de numerosos casos denunciados en medios de comunicación locales –como Infolliteras.com- el gobierno del Estado de Yucatán dio a conocer en éstos días que creará una oficina para regular y evitar transacciones ilícitas en el sector inmobiliario para afrontar los delitos de la “mafia inmobiliaria” que opera en Yucatán a través de modificaciones al marco legal que rige en el Estado, según se dio a conocer oficialmente.
La seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos es un eje central del actual Gobierno del Estado, lo cual se logrará mediante reformas a la norma estatal para que las propiedades no puedan ser motivo de abusos, delitos o especulaciones de la llamada “mafia inmobiliaria” sostuvo el titular del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy); Heide Joaquín Zetina Rodríguez.
La iniciativa de ley busca modificar la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el Código Fiscal del estado y la Ley General de Hacienda y con ello crear una oficina que regule y evite transacciones ilícitas.
La propuesta, mencionó el funcionario estatal, es que los avalúos de las propiedades sean certificados y reales en el mercado comercial y que se hagan en apego a la ley y la transparencia y esto es basado en la actuación de los valuadores certificados en el Estado.
Con esto, también se combate el lavado de dinero, delito de alto impacto en México, según se dijo.
Las y los yucatecos, precisó el funcionario estatal, que firmen transacciones inmobiliarias deberán estar informados del valor y características del bien inmueble.
Esto, recalcó Zetina Rodríguez, protege a las personas que no tengan conocimiento del mercado inmobiliario, para que no caigan en fraudes.
“También se evitan afectaciones patrimoniales ante expropiaciones, por entidades de gobierno, invasiones, litigios comerciales donde se llega al remate de los bienes.
Tras un análisis exhaustivo de lo que se debe blindar a posibles delitos en la materia es importante evitar que se vuelvan a dar simulaciones en transacciones de compra venta, según explicó.
Así, explicó, el gobierno del Estado trabaja para combatir a la delincuencia organizada, a los defraudadores que se aprovechan la ignorancia de sus contrapartes, a los especuladores y a los agentes que regularizan tierras ejidales pagando a propietarios originales un precio y revendiendo inmediatamente a varias veces su valor.
De la misma manera, dijo, a los que venden lotes de inversión que no ofrecen servicios en sus desarrollos y basan su “competitividad” en costos bajos gracias a la evasión de impuestos y regularización barata de tierras.
Agregó que esta norma ya es aplicable en otras entidades del país en total apego a Derecho para beneficio de la ciudadanía.
“Debemos estar muy atentos como sociedad, pues hay muchas presiones de actores inmobiliarios con fuertes intereses en tráfico de tierras, lavado de dinero y fraudes a personas sin conocimientos inmobiliarios, debemos ver bien quien rechaza la iniciativa sin proponer soluciones a la problemática que la originó”, finalizó.
