Redacción.- Desde antes, sobre todo desde la reforma de 1992, se ha puesto en marcha, un proceso de privatización de la energía eléctrica, lo que ha llevado a que la participación de los particulares constituya ya casi la mitad del abasto total de la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando, a su vez, que las hidroeléctricas, que por cierto son energías limpias, las hidroeléctricas del gobierno bajen su producción de manera significativa. Siendo esto también la causa de los altos costos de la electricidad para los consumidores finales y, por tanto, la afectación a la economía familiar, dice la senadora de Morena, Imelda Castro Castro.
Castro Castro dijo que la reforma de lo que se trata es de reordenar el despacho eléctrico, que es justamente el mecanismo que decide el orden en que se recibe en la red la energía, quedando, con esta nueva reforma, como prioritaria la energía producida por la empresa pública y el resto, como la energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas, después. En otras palabras, esto quiere decir que se utilizará primero la electricidad de las centrales de CFE y en segundo término la de los privados. No desaparecen los privados, coexisten pero sin privilegios. Esa es la gran diferencia que se está introduciendo en la Ley de la Industria Eléctrica.
Asimismo, la senadora de Morena dice que las reformas en materia energética del gobierno de Peña Nieto, que el PAN-PRI-PRD están defendiendo, dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad, pero estos mismos contratos, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulneran financiera a las entidades que lo celebran, en este caso a las entidades de la CFE. Es decir, en el marco actual se han celebrado contratos con privados que estipulan que a estos se les debe pagar aun cuando no provean de energía al sistema eléctrico. ¿Cómo pueden ustedes, senadores y senadoras de la oposición, defender esta disposición? Es decir, que sigan pagándose los contratos a los privados, aun cuando no inyecten la energía al Sistema Eléctrico Nacional.
Existen, también, centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad con costos unitarios menores que los costos de las centrales privadas, pero al no ser despachadas, por no ser prioritarios en la actual legislación, asumen pérdidas por no despacho, señala la senadora.
Finalmente queremos dejar claro que por supuesto la reforma abre la puerta para que en el futuro la inversión de la Comisión Federal de Electricidad se destine a producir más energía limpia sin tener que depender de privados.
Aseguró que con esta reforma la Comisión Federal de Electricidad va a ahorrar dinero en la medida en la que se dejarán de hacer contratos demasiados onerosos con los privados y que la paraestatal ya no tendrá que asumir pérdidas por no despacho.
Desde antes de la reforma energética, de Peña Nieto por cierto, la Comisión Federal de Electricidad ya tenía capacidad para surtir de electricidad al país, incluso en los picos más altos de demanda de energía. La justificación de la reforma privatizadora de Peña Nieto fue que los consumidores pagarían menos por la electricidad; sin embargo, esta reducción no se hizo y la Comisión Federal de Electricidad perdió preponderancia frente a esas entidades privadas y, por supuesto, se incrementaron las tarifas, concluyó Imelda Castro Castro.
