Redacción con información de Didier Madera.- Luego de una tregua de un año, vecinos de Flamboyanes tramitarán nuevos amparos ante el “nido de ilegalidades” que prevalece en el Polígono Industrial de Progreso, cuyos empresarios ponen en riesgo la salud de las familias de esta comisaría con las emisiones tóxicas en el aire, suelo y agua.
Algunos vecinos afectados, como Ceferino Quiroz Cob, Alexander Borges Méndez, Jorge Alberto Catzín y Margarita Cajún, lamentaron la actitud de la iniciativa privada ahí instalada por su indiferencia ante sus denuncias por la contaminación y también se quejaron de que los empresarios cuentan con el apoyo del alcalde panista Julián Zacarías Curi.
Irónicamente, todas estas industrias privadas se instalaron en un área que años atrás era una reserva ecológica, la cual fue degradada durante el sexenio del gobernador priista Rolando zapata Bello.
En ese período, la llegada de empresas contaminantes a Progreso se fue a la alza sin tomar en cuenta leyes ambientales y sin importar la cercanía de la población de Flamboyanes, por lo que el área fue invadida por asfalteras, granjas, cementeras y basureros tóxicos y a cielo abierto.
Desafortunadamente, las dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) otorgaron los respectivos Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs), documentos hechos a modo, y poner mayor problema a dichas industrias durante el sexenio federal pasado encabezado por el priista Enrique Peña Nieto.
Lo peor de todo, a pesar que se han interpuestos amparos, los jueces dictan en contra de los niños y habitantes de esta población progreseña, se lamentan los vecinos inconformes.
En esta ubicación industrial se han instalado empresas de todo tipo, pero que tienen en común el alto nivel de contaminación, entre ellas, la asfaltera Ergon, Hidrosur, las cementeras Fortaleza, así como Cruz Azul, la cual está en construcción, bajo otro nombre para no levantar inconformidades.
De igual forma está en construcción una planta de molienda de cemento en Progreso, a cargo de los socios de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, cuyos nombres aparecen en la lista de los Panamá Papers, además de la bodega de Multisur, donde se guarda material pétreo altamente volátil y contaminante, según pudimos saber.
Desde hace cuatro años, los pobladores de Flamboyanes han levantado la voz desde que se percataron de las posibles afectaciones a la salud por la instalación de dichas empresas, fábricas y basureros clandestinos y tóxicos.
En respuesta los vecinos promovieron amparos en representación de los niños del pueblo, sin embargo sus esfuerzos no fueron fructíferos pues sin tener poder económico ni político, no lograron los amparos, pues según los jueces, “faltaron documentos y fundamentos” para concedércelos.
Sin embargo, los afectados nuevamente se organizan para retomar el tema para luchar por sus derechos ambientales, por su derecho a un medio ambiente sano.