Redacción.- Integrantes de asociaciones defensoras de mujeres acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 para apoyar a las mujeres que dicen “sufrieron de violencia laboral y acoso sexual por parte de Betsabé Rojas Coronel y Wilber Hugo Molina Aguilar”. Dichas mujeres también acusan a la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, lo que ha sido cuestionado por organizaciones ciudadanas afectadas por la mafia inmobiliaria y ejidal como los “Vecinos de Vista Alegre y del fraccionamiento del Arco” los que a través de un comunicado (que publicamos en nota aparte) dijeron lamentar “que activistas a favor de los derechos humanos y de la mujer se manifiesten a favor de una campaña orquestada por los intereses de una mafia al interior del Tribunal Agrario que ha sido exhibida como la causante de un modelo de extorsión a más de 200 familias en contra de su patrimonio”.
En un comunicado, los vecinos afirman que “las presuntas denuncias de acoso sexual han sido el cauce para ejercer presión sobre la magistrada Lilia Ochoa Muñoz, mujer valiente que no ha dudado en exhibir, conforme a la Ley, los atropellos en contra de mujeres y hombres de la tercera edad a manos de la abogada Rebeca Buenfil Méndez, señalada como cabecilla de presuntos actos delictivos de los cuales se ha turnado a conocimiento de la Fiscalía General de la República y de la propia Fiscalía General del Estado”.
Por su parte, las activistas también respaldaron la labor de Ochoa Muñoz por su lucha contra las mafias inmobiliarias en Yucatán, ya que “logró lo que nadie había podido hacer”.
Hoy, por tercer día consecutivo, personal operativo del TUA continuaron con su manifestación de brazos caídos, pidieron la destitución de Rojas Coronel y Molina Aguilar, así como la remoción de Ochoa Muñoz.
La delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, Margarita Suárez Delgado, reprobó la postura de la magistrada, ya que hasta el momento no ha dado una solución a la problemática, y para lo cual ya llegó personal de la Ciudad de México así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según argumentó.
Refutó la denuncia de que la manifestación está a favor de ejidatarios así como de representantes de las mafia inmobiliaria, tal el caso de Rebeca Buenfil Méndez, cuando “lo nuestro es un problema en el centro laboral, lo que haga la magistrada o los demás no nos incumbe”.
Por ende, optaron por manifestarse “porque ya estamos cansados actos ilegales y agresiones de Hugo Molina Aguilar, jefe interino de la Unidad Jurídica, y de Betsabé Rojas Coronel, secretaria de Acuerdos”.
En punto de las 10 horas, las activistas Gina Villagómez Valdés, Milagros Herrero Buchanan, Adelaida Salas Salazar, Ligia Vera Gamboa y Rosalía López Castro, entre otras, acudieron en solidaridad con las tres jóvenes que realizaban su servicio social, de las cuales, dos de ellas sufrieron de acoso sexual y una de violencia laboral extrema.
Por ende, lamentaron lo ocurrido y están en desacuerdo con la actitud de Rojas Coronel y Molina Aguilar, pero Villagómez Valdés afirmó que reconoce el desempeño de Ochoa Muñoz quien recientemente emitió sentencia contra grupos de interés que despojan de tierras a ejidos y campesinos.
Minutos antes del arribo de las feministas, la magistrada Ochoa Muñoz llegó a su despacho y afirmó que está dando el seguimiento a las demandas de los manifestantes.
Las quejas se encuentran en la CNDH y asientan que la situación comenzó en agosto de 2019, a partir del 1 de marzo de 2020 sintieron hostigamiento y llevaron el caso en dicha instancia en febrero de 2021.
Las activistas concertaron una reunión con la magistrada para analizar el tema de las mujeres hostigadas.
