Redacción.- Lamentamos y condenamos el uso de menores de edad por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en el Estado de Guerrero. Debemos detener la exposición a la violencia que viven niñas y niños. Tras darse a conocer que 30 niños, se integraron a la policía comunitaria en Guerrero, Reinserta, lamentó y reprobó el uso de menores de edad por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores.
Reinserta lamenta y reprueba el uso de menores de edad por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en el Estado de Guerrero, México, así como de cualquier otro grupo criminal y/o organizado.
Condenamos que estas menores y sus familias no ecuentren respuestas que atiendan a incidir positiva e integralmente en la realidad de sus comunidades y de sus familias. Alertamos que la normalización de la violencia compromete seriamente el desarrollo infantil, generando trauma y debilitando las habilidades psicosociales básicas para las y los niños.
Desde Reinserta, trabajamos todos los días para reducir los factores de riesgo de la población infantil en México y con ello, generar realidades muho más pacíficas. De igual forma, nuestra Asociación se encuentra en la fase de análisis de un estudio propio sobre el reclutamiento de menores de edad, nuestro objetivo es generar recomendaciones de política pública que incida en la erradicación de estas prácticas. Por esto y por más, reprobamos categóricamente que niños y niñas de nuestro país sean reclutados en cualquiera de sus formas, niños y niñas que hoy cargan un arma sobre sus hombros para recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades.
Consideramos que la creación de Policías Comunitarias responde a la degradación del tejido social, al debilitamiento de las estructuras gubernamentales a nivel municipal y estatal, mismas que reflejan el gran vacío de autoridad en este país y a la inexistencia del Estado de Derecho.
En suma, los niños que hoy son reclutados a lo largo y ancho del país por este tipo de iniciativas reflejan los rostros de la vulnerabilidad. Nos sumamos al llamado de la Red por los Derechos de la Infancia en México a fin de evitar la criminialización de las familias indígenas, en especial de las niñas, los niños y los adolescentes.
Exigimos a las instancias nacionales, estatales y municipales correspondientes a ofrecer apoyo integral y permanente a las familias. Desde la Sociead Civil, ofrecemos nuestro expertiz a efecto de construir alternativas reales orientadas a la protección infantil, priorizando una vida libre de violencia, así como en reducir los factores de riesgo y trauma que los menores puedan presentar al estar inmersos en contextos altamente violentos.
Enfatizamos en la necesidad de incluir a las niñas, niños y adolescentes dentro de los programas estatales de seguridad, pues un país que da la espalda a este tipo de realidades, es un país que está llamado al fracaso en la construcción de una paz sostenible. Las niñas, los niños y los adolescentes reclutados para las “autodefensas” son víctimas del olvido Estatal: Reinserta 13 de abril del 2021 Por último, Reinserta se suma a la petición para los medios de información, periodistas y público en general, de no difundir imágenes que permitan la identificación de estos menores a efecto de no poner en riesgo su bienestar.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Estado mexicano una respuesta inmediata y articulada para atender a los niños reclutados a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, de Guerrero.
A éste llamado se sumó la asociación civil Reinserta, al condenar que los menores y sus familias no cuentan con acciones que atiendan la realidad de sus comunidades.
La participación directa de los menores en actos de vigilancia de estas unidades “representa superar el acto simbólico del performance para configurar delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.
En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado pasado sobre la integración a sus filas de 31 niños, de entre 6 y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso instrumental de los pequeños y recordó que anteriormente ya ha llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Llamamos una vez más a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad la protección de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias en la búsqueda de justicia y paz”.
Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia realizada ante la CIDH se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.
“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”.
La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macro criminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona; asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.
Añadió que la comunidad indígena referida tiene más de tres décadas con policías comunitarias creadas en respuesta al abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social, pero en los últimos siete años “el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas”.
Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en Guerrero por parte de los grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.
La Red llamó a fortalecer el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y a cumplir con los compromisos del Estado mexicano ante la CIDH en materia de protección a ese sector, así como a atender las recomendaciones realizadas en 2011 y 2015 por el Comité de Derechos del Niño de la ONU.
Recordó que el Legislativo tiene pendiente la armonización para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado diversas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.
“Llamamos a la sociedad a evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de niños, niñas y adolescentes, y su policía comunitaria y a exigir al Estado que garantice la vida y desarrollo social de estas comunidades. Especialmente insistimos en las obligaciones del sistema DIF nacional y estatal para ofrecer apoyo y alternativas de protección a estos niños, sin ser separados de sus familias”.
Reinserta se suma al llamado de Redim
En un comunicado, Reinserta lamentó y reprobó el uso de menores de edad por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en el estado de Guerrero, así como de cualquier otro grupo criminal y/o organizado. “Condenamos que estos menores y sus familias no encuentren respuestas que atiendan a incidir positiva e integralmente en la realidad de sus comunidades y de sus familias”, señalaron.
Alertan que la normalización de la violencia compromete seriamente el desarrollo infantil, generando trauma y debilitando las habilidades sicosociales básicas para las y los niños.
“Desde Reinserta, trabajamos todos los días para reducir los factores de riesgo de la población infantil en México y con ello, generar realidades mucho más pacíficas”, se lee en el texto. De igual forma, la asociación se encuentra en la fase de análisis de un estudio propio sobre el reclutamiento de menores de
edad, el objetivo es generar recomendaciones de política pública que incida en la erradicación de estas prácticas.
“Por esto y por más, reprobamos categóricamente que niños y niñas de nuestro país sean reclutados en cualquiera de sus formas, niños y niñas que hoy cargan un arma sobre sus hombros para recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades”.
Consideran que la creación de Policías Comunitarias responde a la degradación del tejido social, al debilitamiento de las estructuras gubernamentales a nivel municipal y estatal, mismas que reflejan el gran vacío de autoridad en este país y a la inexistencia del estado de derecho. En suma, los niños que hoy son reclutados a lo largo y ancho del país por este tipo de iniciativas reflejan los rostros de la vulnerabilidad.
En el comunicado señalan que se suman al llamado de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) a fin de evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de las niñas, los niños y los adolescentes.
“Exigimos a las instancias nacionales, estatales y municipales correspondientes a ofrecer apoyo integral y permanente a las familias”. De igual manera, ofrecen a expertos a efecto de construir alternativas reales orientadas a la protección infantil, priorizando una vida libre de violencia, así como en reducir los factores de riesgo y trauma que los menores puedan presentar al estar inmersos en contextos altamente violentos.
“Enfatizamos en la necesidad de incluir a las niñas, niños y adolescentes dentro de los programas estatales de seguridad, pues un país que da la espalda a este tipo de realidades, es un país que está llamado al fracaso en la construcción de una paz sostenible”, sentenciaron.
Por último, Reinserta se suma a la petición para los medios de información, periodistas y público en general, de no difundir imágenes que permitan la identificación de estos menores a efecto de no poner en riesgo su bienestar.
