Redacción / Eduardo Lliteras.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó a Martín Alberto Medina Sonda sentencia de 50 años de cárcel por el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto y a Juan Ramón Moreno Hernández sentencia de 35 años por homicidio ocurrido en Mérida en el año de 2017.
El Tribunal Primero de Enjuiciamiento, en la causa penal número 69/2017, con número de carpeta administrativa T1J.030/2019, se declaró penalmente responsable a Martín Alberto Medina Sonda alias Martín Alberto Martín Sonda, por la comisión del delito de feminicidio agravado y a Juan Ramón Moreno Hernández o Ricardo González Monroy o Fredy García Ramírez alias “Cachorro” alias “Ingeniero” por la comisión del delito de homicidio calificado, ambos delitos cometidos en agravio de quien en vida se llamó Ema Gabriela Molina Canto y denunciados por la ciudadana Ligia Teresita Canto Lugo.
Emma Gabriela Molina Canto, una madre joven yucateca quien luchó durante dos arduos años por recuperar a sus hijos –secuestrados con extrema violencia en Mérida por el padre, Alberto Medina Sonda, ex político priista –, fue asesinada de 11 puñaladas a las puertas de su casa en Mérida, Yucatán, el 27 de marzo de 2017.
Emma sufrió violencia durante los 16 años que estuvo casada con Medina Sonda, quien la sometió junto con los tres hijos que procrearon, a violencia física, psicológica, económica y patrimonial. Debido a estos actos Emma Gabriela logró divorciarse de Alberto Medina Sonda (en ese entonces alto funcionario del gobierno del gobernador Andrés Grannier en Tabasco). Emma obtuvo la custodia legal de sus tres hijos y se refugió en Yucatán.
Sin embargo, el 25 de mayo de 2012 fue secuestrada con lujo de violencia por agentes judiciales del estado de Tabasco, y llevada bajo el falso cargo de robo de auto. Emma fue brutalmente golpeada, violada, y luego, en varias ocasiones, también fue agredida, pero después de 4 meses, se demostró que los cargos en su contra eran falsos. Sin embargo, aunque Emma Gabriela Molina recuperó la libertad, sus hijos ya habían sido raptados por el padre, luego de que ella fue secuestrada por policías tabasqueños, y es en este momento donde encontramos que inicia una larga lucha de denuncia, acoso judicial, y amenazas en la que hubo complicidad de las autoridades locales de Yucatán, del poder judicial, de la Fiscalía General del Estado y del gobierno del entonces gobernador Rolando Zapata Bello.
