Redacción.- Martín Chuc Pereira, eterno operador de intereses oscuros en el Congreso del Estado de Yucatán a lo largo de casi dos décadas en el cargo de secretario general del legislativo estatal (2010 a la fecha) y como oficial mayor (2007-2010), sería colocado en la estratégica Consejería de la Judicatura del Estado de Yucatán a través de un madruguete llevado a cabo por los legisladores salientes del PRD, PRI y Morena.
Fuentes bien informadas en el Congreso del Estado informan que diputados del PRI, Morena y el PRD preparan una iniciativa para proponer a Martín Chuc Pereira como Consejero de la Judicatura del Estado de Yucatán.
De obtener el cargo, Chuc Pereira obtendría beneficios personales sustanciosos, influencia y poder como el contar con una oficina cuyo presupuesto anual, de acuerdo con datos del Poder Judicial, ascienden a cuando menos 3.5 millones de pesos anuales.
El madruguete legislativo de los operadores del rolandismo en el Congreso local también podría facilitar el acceso de Chuc Pereira a dicho cargo a pesar de que se requiere un perfil de carrera judicial bien definido según lo establece el Reglamento del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial. De tal forma, de aprobarse su nombramiento, el actual secretario general del Congreso sumaría otros 9 años como servidor público, además de casi dos décadas en el Poder Legislativo.
El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial, que entre otras funciones tiene el objetivo de acordar la imposición de sanciones de los servidores públicos sometidos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando así proceda y de conformidad con la Ley de Responsabilidades.
Durante la gestión de Chuc Pereira como secretario general del Congreso se realizaron reformas que ocasionaron diversos endeudamientos al Estado; entre ellos la aprobación del contrato de PPS para la construcción y pago del mantenimiento del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y las reformas al Isstey que derivaron en su inminente quiebra.
Por ejemplo, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco la ex gobernadora dejó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) con un boquete de $2,125 millones.
En un análisis sobre la situación financiera del Estado que dieron a conocer a fines de 2014, el Centro para la Competitividad de Yucatán y la Coparmex Mérida indicaron que todos los pasivos del gobierno —deuda bancaria, pagos a proveedores, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), compromisos con el Isstey, etcétera— son una bola de nieve cada vez mayor que asfixia las finanzas públicas del Estado.
Asimismo, el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) aprobado en el Congreso de Yucatán en el año de 2011 que permitió la construcción del Gran Museo del Mundo Maya es un ejemplo de la pesada carga heredada al erario público yucateco. En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió al Congreso autorización para firmar el contrato de construcción, dejando como garantía las participaciones federales del Estado, informó que la obra costaría 411 millones y el pago anual sería de 33 millones.
Sin embargo, la cantidad real resultó once veces mayor de lo que se informó en ese momento en el congreso yucateco y de lo dijeron los legisladores estatales y el mismo gobierno estatal priista. Desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo —considerado un elefante blanco por su escasa o casi nula utilidad— unos 260 millones anuales y lo seguirán haciendo durante 21 años.
De llegar al cargo de la Consejería de la Judicatura del Estado de Yucatán, Chuc Pereira podría maniobrar, entorpecer y torpedear la imposición de sanciones de los servidores públicos sometidos a un procedimiento de responsabilidad administrativa relacionados con el PPS del Gran Museo Maya, por ejemplo, pero también con otros desfalcos y actos de corrupción, como la venta fraudulenta de tierras en la costa yucateca. Por citar dos ejemplos, de sobra conocidos por la ciudadanía y a los que hemos dado puntual seguimiento en Infolliteras.com.
