Redacción.- El uso de sistemas de espionaje israelíes en México por agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no debe quedar en la impunidad. Ahora se sabe que existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos durante el pasado sexenio encabezado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto.
Así lo señalan organizaciones de la sociedad civil como Article 19, R3D, el Centro PRO de derechos humanos, y Social Tic, los que afirman que mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas.
Afirman que a pesar de que desde hace más de 4 años existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, en la que acompañamos las organizaciones firmantes, su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación.
Puntualizan que es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos.
Igualmente, estos nuevos hallazgos reiteran la urgente necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar. Resulta indispensable establecer los controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable, añaden las organizaciones mencionadas.
Asimismo, afirman que rrente a lo anterior, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC solicitamos:
- Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
- Que el Presidente de la República y el titular de la Fiscalía General de la República transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
- Que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión impulse, en diálogo con la sociedad civil, una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
