Redacción.- Luego de la publicación de una “Carta Abierta” del “notariado yucateco” en el Diario de Yucatán, más casos de malas prácticas notariales, cuando no casos de evidente corrupción, han llegado a nuestra redacción de Infolliteras.com, medio que da a conocer testimonios e información basada en las denuncias de ciudadanos afectados, no opiniones personales. Y todo basado en documentos e información oficial.
Un nuevo caso bien documentado es el de la ciudadana Dalila Guadalupe Cencig Díaz, cuyo abogado, Simone Cipriani, promovió una queja, que se encuentra en substanciación ante el Consejo de Notarios, según dispone la Ley del Notariado en la que explica que el 07 de agosto de 2019 se formalizó la escritura 1211, ante la fe del notario público Luis Silveira Cuevas, por la compraventa a Ana Beatriz Ávila Marrufo a favor de Dalila Guadalupe Cencig Díaz de los inmuebles siguientes: predios número 45 y 47 ambos de la calle 16, del fraccionamiento Misnebalam, de Mérida, Yucatán, inscritos en los folios electrónicos 655340 y 655342, respectivamente, en el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, a pesar de que efectuó el pago total de 165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos, moneda nacional) que incluyó impuestos, derechos y honorarios a favor de Silveira Cuevas -se le expidió un recibo que adjuntó a su escrito de queja- y tras varias vueltas a las oficinas del notario público ubicadas en calle 11 número 92 A entre calles 16 y 18 de la Colonia Yucatán, Mérida, Yucatán, y de haber llamado por teléfono reiteradamente para solicitar la entrega de la escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, no ha recibido respuesta positiva del notario.
Lo grave, además de la negativa del notario a responderle y atenderla personalmente, es que en la escritura de compraventa, el notario público, Silveira Cuevas, no señaló si los inmuebles se encontraban libres de gravámenes. Tampoco, “si tienen restricciones al derecho de propiedad, ni si reportaban gravamen o restricciones, contraviniendo los artículos 101, 102 y 107 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán”, según pudo saber Infolliteras al examinar la documentación pertinente.
La afectada y su abogado aportaron como prueba los certificados de libertad o gravamen expedidos por el Registro Público de la Propiedad, en los que consta que los inmuebles están gravados e inscritos aún a nombre de Paulino Romero Conde. Es decir, del propietario anterior a su vendedora, Ana Beatriz Ávila Marrufo, persona ésta última que le vendió a la señora Dalila Guadalupe Cencig Díaz. Esto a pesar de que en la escritura de compraventa se hizo constar que Ana Beatriz Ávila adquirió la propiedad de los inmuebles el trece de mayo de 1995, protocolizado en escritura pública número 530 de 11 de septiembre de 1997, ante la fe del propio notario Silveira Cuevas y que está pendiente de inscripción y que no existen avisos preventivos ni definitivos de compraventa, lo que es contrario a los artículos 33 y 35 de la Ley que crea el INSEJUPY (Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán), según explicaron a Infolliteras.com.
Como nos hicieron ver abogados que conocen de la materia, “las irregularidades señaladas constituyen trasgresiones a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán y a la Ley que crea el INSEJUPY, provocando una afectación grave a la sociedad por transgredir la seguridad jurídica al no apegarse a las prescripciones legales de la función notarial, también genera descrédito por no brindar certeza, validez y eficacia jurídica a los actos que se celebren ante el notario público”.
Por si fuera poco, la señora Dalila Guadalupe Cencig Díaz sufrió un daño patrimonial grave por el dinero pagado por los servicios notariales que no se concretaron. También sufrió un perjuicio por la falta de inscripción en el Registro Público del predio adquirido, afectando sus proyectos personales al no poder disponer del bien adquirido. Todo esto, nos explican los abogados, “es imputable al notario público Silveira Cuevas, por actuar de forma irregular en el ejercicio de su función notarial”.
En días recientes comentamos el del señor José Luis Aguiñaga Lugo y de su señora madre, Landy María del Socorro Lugo Espadas.
La señora Lugo Espadas recibió en herencia de su finada tía, Mildred del Rosario Elodia Espadas y Pacheco, la casa ubicada en el 507 de la calle 47 en el fraccionamiento Sol Campestre.
Sin embargo, dicha casa ha sido ofrecida en venta por el notario público, Enrique Gutiérrez López, de la notaría pública número 87 con sede en Progreso, según ha narrado Aguiñaga Lugo, quien ya hizo la denuncia correspondiente. El notario, en un primer momento, aseguró que no sabía que la casa había sido donada a través de testamento a la señora Lugo Espadas, pero ha intentado vender la propiedad en al menos dos ocasiones, según narró José Luis Aguiñaga Lugo.
Cabe señalar que la casa de la señora finada, Rosario Elodia Espadas, fue saqueada durante una noche sin que haya personas detenidas hasta ahora. La casa fue vaciada por completo, hasta los ventiladores se llevaron y claro, documentación personal, entre otros muchos bienes, nos dijo Lugo Espadas.
De todo esto y otros detalles relevantes más hay denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la que es señalada de tortuguismo por el señor José Luis Aguiñaga Lugo, quien ha sido inclusive presionado y amenazado en su domicilio por una persona enviada por quienes pretenden apropiarse de la casa mencionada en Sol Campestre.
El señor Lugo Aguiñaga señala al notario público responsable de la “Carta Abierta” (José Enrique Gutiérrez López) publicada en el Diario de Yucatán y suscrita por decenas de notarías públicas de Yucatán y cuya copia anexamos al presente artículo.
