Eduardo Lliteras Sentíes.- No hay transparencia sobre la cantidad millonaria que supuestamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pagaría a los ejidatarios de Chablekal para resarcirles por las más de 539 hectáreas que forman el Parque Nacional de Dzibilchaltún, Área Natural Protegida desde el año de 1987, a las que hay que sumar el polígono de protección, sumando más de 570 hectáreas. La inconformidad ha ido creciendo entre un grupo de ejidatarios y habitantes de Chablekal porque se desconoce, por completo, el convenio, sólo una pequeña parte (30 millones de 127 millones de pesos prometidos) aparece en el documento presentado ante los ejidatarios en asamblea, según relatan.
Lo sorprendente, a un año que inició el conflicto con la primera toma del ingreso a la zona arqueológica de Dzibichaltún, es que las autoridades federales encabezadas por el INAH y la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), simplemente no han dado a conocer a la opinión pública de Yucatán, los pormenores de los convenios que serían suscritos con el comisariado ejidal de Chablekal. Tampoco se conoce con exactitud el monto que se pagará a los ejidatarios, a cada uno, cuánto y cómo. Y sobre todo, como reclaman los inconformes con el nuevo comisariado ejidal y con las autoridades, el padrón de ejidatarios que recibirían los recursos no se ha transparentado y hay mano negra, ya que hay quienes están siendo excluidos, según denuncian, de forma ilegal y arbitraria.
Cabe destacar que quienes sí conocen los detalles son los abogados que han estado asesorando al comisariado actual y anterior, y que a fin de cuentas son particulares que ven en primer lugar por sus intereses.
Estos son algunos de los motivos principales de la inconformidad y del enfrentamiento entre ejidatarios de Chablekal que el día de ayer en la madrugada tuvo otro capítulo cuando un grupo afín al actual comisariado ejidal tomó el ingreso de la zona arqueológica e hizo huir a quienes hacían guardia en plena noche y que forman parte de quienes exigen transparencia y que rechazan el convenio con el INAH. Ya que exigen que las tierras no se vendan (o les paguen los 127 millones como presunto resarcimiento al ejido por las más de 500 hectáreas que forman el parque de Dzibilchaltún) y en lugar se permita a los ejidatarios trabajar en la zona arqueológica además de recibir el resarcimiento económico.
Es decir, estamos ante dos visiones encontradas sobre qué se debe hacer con la tierra de la zona arqueológica entre los ejidatarios y habitantes de Chablekal. Unos quieren, según el comisariado ejidal, cobrar el dinero y entregar las tierras tras firmar el convenio (secreto) con el INAH, el otro grupo quiere que sigan siendo patrimonio de sus familias y poder trabajar en el lugar, inclusive cultivándolas, según dicen. Esto no excluye, evidentemente, que les liquiden el valor comercial de las tierras actualmente, pero insisten en que quieren que se mantenga la posibilidad de que puedan trabajar en la zona arqueológica.
Pero en el INAH y en general en el gobierno federal no hay información disponible sobre qué se negoció, los términos y qué ocurrirá con las más de 500 hectáreas del Parque Nacional de Dzibilchaltún, al que al parecer le quieren mutilar una parte para un desarrollo inmobiliario que incluye torres de departamentos, tan de moda en Mérida.
De hecho, sobre el tema del desarrollo inmobiliario en el Área Natural de la que ya nadie habla, curiosamente, se tienen versiones desde el inicio del conflicto, pero el INAH y su delegado en Yucatán, Eduardo López Calzada, no han dato explicación alguna al respecto. El silencio persiste.
Cabe recordar que el Área Natural de Dzibilchaltún, tiene un programa de manejo, y la edificación de torres de departamentos no está contemplada. Pero la expansión de la ciudad hacia el norte y la costa, impulsada por la imperiosa sed de ganancias del sector inmobiliario, está barriendo con todos los ecosistemas y resistencias sociales.
Según el Plan de Manejo la “propuesta para la creación y manejo del Parque Cultural Dzibilchantún, Yucatán”, fue el documento que brindó importante información para identificar a la Selva Baja Caducifolia de Dzibilchantún como representativa de uno de los tipos de vegetación más particulares de la Península de Yucatán y albergue de una gran diversidad de fauna, que también se identificó a partir de los estudios recopilados en la mencionada propuesta.
El parque y el área natural se crearon mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de abril de 1987, con una superficie de 539-43-92.68 hectáreas, que incluye la zona arqueológica del mismo nombre, la cual contiene importantes vestigios del periodo clásico tardío de la civilización maya.
Adicionalmente, la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún contiene un polígono de protección inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos en octubre de 1993, con una superficie total de 570-17-07-873 hectáreas.
El Parque Nacional Dzibilchantún se localiza en la parte septentrional del estado de Yucatán, a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Mérida y a 20 kilómetros al sur de la ciudad y Puerto Progreso de Castro. Tiene una superficie total de 539-43-92.68 hectáreas, que limita al norte con el Fraccionamiento La Ceiba II, al noroeste con el ejido de Dzibilchantún, al oeste con el Fraccionamiento La Ceiba y al sur con terrenos de Temozón y Chablekal, en el municipio de Mérida.
Aquí el problema, como en todo el país con las áreas naturales protegidas (ANP) es que no hay protección alguna en realidad, ni autoridad que exija el cumplimiento. La presión urbana y de los poderosos intereses inmobiliarios y de la mafia inmobiliaria y agraria, se imponen aplastando toda inconformidad. Explotan la ignorancia, la vulnerabilidad de los campesinos y ejidatarios mayas, para imponerles el desarrollo y convenios que con la zanahoria de millonarios recursos buscan quedarse con la tierra para construir desarrollos inmobiliarios que dejan jugosas ganancias.
