Redacción.- Un total de 774 familias yucatecas de nueve asentamientos humanos establecidos al sur de la ciudad de Mérida recibieron de manos del gobernador Mauricio Vila Dosal su certificado del programa Certeza Patrimonial, con el que queda regularizada la propiedad de sus casas y ahora podrán vivir de forma más digna, segura y con la certidumbre de que tienen un hogar propio.
En una ceremonia realizada en la unidad deportiva Villa Palmira, el gobernador, junto con el alcalde Mérida, Renán Barrera Concha, distribuyó dichos certificados que tienen como objetivo ofrecer certeza jurídica a las familias de los establecimientos ubicados en Dzununcán 1 (Proyecto 144), Dzununcán 2 (Boa), Dzununcán (Alta Tensión), Dzununcán (Recicladora), Emiliano Zapata Sur I y II (Cerritos), Emiliano Zapata Sur III (Lucas), Nueva San José Tecoh (La Mielera), Roble Agrícola (Casa La Alegría) y San Antonio Xluch III (Triángulo).
Entre los beneficiarios que recibieron su certificado se encuentra Lorena Martínez González, quien por 16 años ha vivido en el asentamiento Emiliano Zapata Sur III sin tener la certeza de que es un patrimonio propio, a pesar de que ahí ha creado un hogar en el que está creciendo a sus dos hijos.
Sin embargo, esa situación cambió para la mujer de 34 años al recibir su certificado, el cual viene a darle la tranquilidad de que finalmente ese predio es suyo y que podrá heredar una vivienda digna a sus pequeños.
“Me siento contenta de que nuestro esfuerzo ahora dé resultados, es un día muy feliz para mi, mi esposo y mis hijos porque podemos decir que ya tenemos nuestra casita”, afirmó Lorena emocionada.
Al dirigir su mensaje, el gobernador dijo que ha solicitado a los notarios que, una vez que las familias terminen de pagar su predio, no cobren los procesos para la tramitación de sus escrituras, ya que es importante que todos la adquieran para concretar su regularización.
Asimismo, les dijo que, en coordinación con el alcalde Renán Barrera Concha, estará trabajando para que en la medida de sus posibilidades puedan ir dotando de servicios públicos en dichos asentamientos humanos.
Ante el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, Vila Dosal indicó que este ha sido un tema que ha estado viendo con el IVEY desde el inicio de su administración, cuando dio la instrucción al IVEY de encontrar la manera de apoyar a las familias en esta situación, pero por la pandemia se tuvo que ver detenido y es ahora que se ha para dar mayor certidumbre.
Relató que no obstante las reglas de la dependencia estatal que no estaban a favor, pidió que se encuentren las vías para respaldarlas y puedan regularizar su patrimonio, mediante la condonación de multas por falta de pago y de un estudio socioeconómico para que los pagos vayan acorde con los ingresos de la gente.
“Con ese certificado, ustedes están adquiriendo un derecho a tener un pedazo de tierra, donde puedan construir un hogar con su familia, pero también con la obligación de continuar cumpliendo con sus pagos”, apuntó Vila Dosal.
Por ello, el Gobernador señaló que su Gobierno continuará avanzando para atender todos los asentamientos que existen en Mérida, por lo que pidió a la gente seguir esforzándose, “porque juntos es como estamos construyendo el mejor Yucatán de todos los tiempos y eso sucede por tener un certificado que nos da la certeza y la tranquilidad de que tenemos la oportunidad de construir un hogar para nuestras familias”.
Al respecto, el titular de la Sedesol afirmó que el Gobierno de Vila Dosal es una administración que se atreve a hacer las cosas diferentes para ayudar a la gente que más lo necesita, pero haciéndolo siempre en equipo para lograr cosas mejores.
Con esta estrategia, aseguró el funcionario estatal, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal reitera su compromiso por resolver el problema de regularización de los asentamientos humanos, no solo brindando certeza sino integrándolos a las acciones de desarrollo urbano que permitan tener una ciudad articulada y con acceso a servicios.
La regularización, además de la asignación de un lote y darles certeza jurídica, permite posteriormente a los beneficiarios contratar servicios básicos de energía eléctrica y agua potable; la entrada de servicios de pavimentación, drenaje, banquetas y alumbrado público. También les permitirá acceder a programas de acciones de vivienda, añadió Torres Peniche.
Dentro de estos esfuerzos, se elaboraron censos y estudios socioeconómicos, así como levantamientos topográficos, marcajes y asignación de lotes, se tramitaron dictámenes de desarrollo urbano y se tramitó la lotificación ante el Catastro de Mérida, procurando dejar calles, parques y áreas de equipamiento y se realizaron reuniones con valuadores que ayudaron a obtener un precio social para el beneficio de todas estas familias.
