Redacción.- El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ayer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera parte del plan B se aprobó en diciembre. Atenta la equidad pues permite a los gobernantes interferir en las campañas. Eso es contrario a la Constitución, dice el INE.
El INE interpuso la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
En efecto. Este miércoles 1º de febrero de 2023 el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Según el INE, dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
El INE afirma que la Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.
En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa. El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.
Según expertos, entre los peligros del Plan B se cuenta el debilitamiento operativo, los datos personales comprometidos, la asfixia presupuestal. Hasta las credenciales se encuentran en peligro.
Según Ciro Murayama, consejero electoral del INE, dice que “el plan B puede provocar la nulidad de la elección de 2024. Va un análisis de lo que dice la ley reformada y sus efectos. Nada de invectivas, sino datos. Que venga la discusión informada, no insultos ni bolas de humo”:
