Luego de casi cinco años, la Fiscalía General del Estado determinó, en concordancia con mis abogados, decretar el no ejercicio de la acción penal de la carpeta P3/897/2019 en semanas pasadas por las acusaciones de despojo de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó, ubicada en Mérida, Yucatán. La misma Fiscalía llegó a ese dictamen tras el análisis de las “pruebas”, inconsistentes y con testimonios falsos, presentadas por la parte acusatoria.
En efecto. Como en su momento di a conocer, en el año 2019, tras mi cobertura de las protestas de habitantes de la comisaría de Santa Gertrudis Copó contra el despojo de los hogares de varias familias de dicha comunidad, fui denunciado penalmente por “despojo de cosa inmueble y robo”, al igual que varias personas que habitan en la comisaría. Entre dichas personas, se encuentra la comisaria, Leydi Cocom, quien todavía enfrenta diversos procesos judiciales por su defensa de los derechos de los habitantes mayas de la comisaría ubicada en el norte de Mérida y en el epicentro del boom inmobiliario que ha convertido a esa zona de la capital yucateca en El Dorado de inmobiliarias y terratenientes.
El abogado de la Inmobiliaria Abba S.A. de C.V., hoy desaparecida, Carlos Antonio Díaz Chans, mintió cuando acudió al ministerio público ubicado en Cordemex, y omitiendo mi labor como periodista, me acusó de lo ya mencionado y de encabezar a las personas que él acusó de despojar la ex hacienda ubicada en Santa Gertrudis Copó. Dicho personaje me difamó y utilizó el sistema legal para perseguirme a sabiendas de que lo decía eran infundios con la intención de apartarme de la escena como periodista e impedirme dar testimonio periodístico de los abusos cometidos en perjuicio de habitantes de Santa Gertrudis Copó, como ocurrió efectivamente cuando el 6 de junio del año 2018 irrumpieron unas 30 personas con machetes, palos, hachas y otros objetos en dicha población. Aparecieron con actitud hostil y objetos punzocortantes buscando agredir a los habitantes de dicha comisaría que se habían enrocado en la defensa de las familias a las que se pretendía despojar de sus hogares y tras el desalojo violento de una anciana de su casa. Fue una intentona violenta para apoderarse de un terreno de unos 600 metros cuadrados y que la comunidad rechaza pertenezca a la ex hacienda. Como lo constató un peritaje posterior del Ayuntamiento de Mérida.
A través de mi trabajo di a conocer sus abusivos planes. Posteriormente, también estuve presente la noche del 3 de octubre de ese mismo año, en la que fueron expulsados brevemente los trabajadores de la Inmobiliaria Abba. De todos estos hechos he presentado vídeos que están publicados en mi medio y que fueron pruebas suplementarias de que yo únicamente acudí a la comisaría en mi papel de periodista. Y nada más.
Como en su momento informé, y como preámbulo de la denuncia en mi contra, la persona que se ostentó como apoderada legal de la Inmobiliaria Abba, Claudia Guadalupe Farías Cid, hizo declaraciones falsas al diario “Por Esto!” el 12 de octubre de 2019: en una nota, se me difamó y acusó falsamente y sin pruebas, de los ilícitos mencionados.
Con la convicción de que podrían utilizar el sistema de justicia en mi contra a través de sus influencias, inclusive dieron sus nombres y los de los propietarios actuales de la ex hacienda. Cabe mencionar que nunca se me pidió una entrevista y que se me negó el derecho de réplica al artículo de marras, intitulado “Agresiones sin rostro, Hacienda Santa Gertrudis Copó”.
De tal manera, la Fiscalía General del Estado, determinó que las pruebas presentadas por la parte acusatoria de ninguna manera prueban que fui “autor o partícipe de conducta ilícita”: “no se desprende dato de prueba alguno que conlleve a sustentar la comisión de delito alguno en el presente asunto por parte de Eduardo Lliteras Sentíes”.
Asimismo, los mismos “testigos” no pudieron corroborar, en ningún momento, que yo fuera el que despojó la ex hacienda y robó la noche en que ingresaron a dicho predio decenas de personas para expulsar a los trabajadores de la Inmobiliaria Abba. Sus testimonios, como señalaron mis abogados, parecían calcados y eran contradictorios y sin lógica en la línea de tiempo y argumentación legal.
Debo señalar que la Secretaría de Seguridad Pública determinó, a través de dos peritajes realizados el mismo año de 2019, que yo no participé en dichos hechos y que obviamente no robé ni despojé del terreno, hecho además obvio porque nunca estuvo en mi poder la ex hacienda y la empresa que me difamó jamás perdió el control de “su terreno”.
Por último, señalo que será tarea de las nuevas autoridades que emerjan del proceso electoral en curso, dar una salida con justicia, a los habitantes de Santa Gertrudis Copó. Que ponga fin al hostigamiento judicial del que también han sido víctimas durante los últimos años. Y acabar con el hostigamiento judicial contra periodistas.
