A través de un pronunciamiento firmado por cientos de academicos, artistas y activistas se demanda un compromiso de Estado con Ayotzinapa. Explican que Ayotzinapa marcó un punto de inflexión en la historia reciente de México. Fue el grito de ¡Ya Basta! que no solo expresó la indignación por los 43 normalistas, sino por las miles de personas desaparecidas que hay detrás de ellos. Simbolizó la crisis del régimen de partidos, todos involucrados de alguna manera en las estructuras estatales que, por acción u omisión, fueron
responsables de la desaparición.
En medio de una situación intolerable e invivible, la respuesta masiva de indignación y solidaridad se convirtió en la demanda nacional e internacional más importante de la última década para nuestro país:
VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.
Las manifestaciones dejaron claro lo que hoy es un hecho irrefutable: En Ayotzinapa, fue el estado el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes durante la noche de Iguala.
El gobierno de AMLO, en sus primeros años, prometió hacer lo necesario para alcanzar verdad y justicia. Para ello, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ); incorporó los esfuerzos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); mantuvo el diálogo con los padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos que los han acompañado desde el 26 de septiembre de 2014, y respaldó el trabajo de la fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo. Es importante destacar el reconocimiento de las desapariciones forzadas en Iguala como un crimen de Estado.
Sin embargo, a partir de 2022, estos avances comenzaron a revertirse, descarrilando el proceso de investigación y deteriorando la relación entre la presidencia y las madres y padres de los 43. En especial las investigaciones se entorpecieron cuando se hizo visible el papel del Ejército.
● Hoy, al terminar el sexenio, en el caso Ayotzinapa, no hay verdad sin justicia. Por ello, a diez
años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, las y los
abajo firmantes –artistas, académicos y activistas– demandamos a la presidenta electa:
● Un compromiso renovado para restablecer las investigaciones con una fiscalía consensuada
con las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos que los
acompañan, para retomar las pesquisas interrumpidas tras la renuncia del fiscal Omar Gómez
Trejo.
● El cese inmediato del hostigamiento mediático desde la presidencia hacia las madres y
padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos.
● El firme compromiso de verdad y justicia por parte del nuevo gobierno, para asegurar que los
responsables, civiles o militares, sean llevados ante la justicia, sin exoneraciones políticas ni
mediáticas, hasta que las investigaciones concluyan.
● Retomar el proceso de Ayotzinapa como una cuestión de Estado, indispensable para la
democracia, el Estado de derecho, el combate a la impunidad y, en particular, para la
memoria, la verdad y la justicia.
La entrega inmediata de los 800 folios militares relativos a la desaparición forzada de los 43
compañeros normalistas.
Finalmente, a las madres y padres de los 43, enviamos nuestro apoyo y solidaridad, ya que
representan dignidad y resistencia, así como el dolor que perdura por las miles de desapariciones en
este país.
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