En la reciente visita a Yucatán de la secretaria de turismo a nivel federal, Josefina Rodríguez, no se abordó el aumento del impuesto a cruceristas que llegan Progreso y la amenaza de que se irán del puerto yucateco tras la aprobación de los diputados de Morena de un aumento de impuestos que es rechazado por las empresas extranjeras. Rodríguez, se dedicó a lanzar elogios al cuestionado trabajo de la ex secretaria de turismo de Yucatán, Michell Fridman, pero no habló del impacto que tendrá en la industria turística yucateca la iniciativa de aplicar el Derecho de No Residente (DNR) a pasajeros de cruceros. Dicha iniciativa ha generado un enfrentamiento entre los senadores de Quintana Roo mientras los de Yucatán guardan silencio.
En efecto, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo impuesto a los pasajeros de cruceros de aproximadamente 42 dólares. Como parte de la aprobación de la Ley Federal de Derechos, del paquete económico para 2025, la Cámara de Diputados avaló algunos cambios que aplicará a los cruceros internacionales que arriben a aguas del país. De acuerdo con la Ley de Derechos, se eliminará la exención del pago de derechos a los cruceristas, es decir, a los visitantes que llegan vía marítima a bordo de los cruceros.
La Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe (FCCA en inglés) solicitó al gobierno federal que se mantenga la política que exenta a los viajeros de cruceros de pagar un derecho por ingresar a territorio mexicano vía marítima.
La iniciativa aprobada por Morena “elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero”, indica lo aprobado por la Cámara Baja sobre fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos.
Al respecto, la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) ha expresado serias preocupaciones sobre los planes del Gobierno de México de imponer un nuevo impuesto sustancial a los pasajeros de cruceros, advirtiendo de las consecuencias potencialmente devastadoras para la industria turística de México.
En una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y firmada por destacados ejecutivos de líneas de cruceros, la CEO de FCCA, Michele Paige, rechazó los planes legislativos para introducir un impuesto de 42 dólares por persona.
La FCCA argumentó que el cobro del impuesto encarecerá los precios de los viajes a los turistas de cruceros que visiten México y obligará a las empresas de cruceros a modificar sus itinerarios para evitar los destinos mexicanos, lo que se traducirá en una disminución de los más de 10 millones de pasajeros programados y las más de 3,300 escalas de cruceros en los destinos mexicanos programados para 2025.
Se trata de una medida que haría que el turismo de cruceros en México sea un 213% más caro que el promedio de los puertos del Caribe, lo que prácticamente sacaría a los puertos mexicanos del mercado de cruceros, dice Paige.
“El plan del Gobierno de eliminar el estatus de exención ‘en tránsito’ que ha existido durante más de una década para los pasajeros de cruceros impacta los medios de vida de decenas de miles de ciudadanos mexicanos, innumerables pequeñas empresas y comunidades a lo largo de las costas de México que dependen del turismo de cruceros”, advirtió Paige.
“El cambio será particularmente perjudicial para estados como Quintana Roo, donde el turismo de cruceros representa el 40% del PIB”, agregó Paige.
La senadora Mayuli Martínez calificó la decisión de imponer el DNR a cruceristas como una “puñalada traicionera” para los trabajadores de Quintana Roo y un golpe directo al turismo, que representa el 40% del PIB estatal. Martínez argumentó que el incremento del impuesto, que pasará de 717.14 a 860.56 pesos por persona en 2025, y la eliminación de la exención a cruceros, pone en riesgo la competitividad de puertos como Cozumel y Mahahual frente a otros destinos del Caribe.
