Como se anunció en el congreso yucateco el cobro del reemplacamiento de vehículos en Yucatán es un hecho inminente. El cobro del reemplacamiento viene después de una campaña mediática y política lanzada desde el Congreso de Yucatán y con la comparsa inclusive de los senadores y diputados federales morenistas por la actualización de los precios catastrales de una parte de los predios de la ciudad de Mérida.
Tras esa campaña, y a “pesar de los intentos de los diputados de Morena por cambiarle de nombre, los ciudadanos tendrán que pagar para poder circular en sus vehículos a partir de 2025”.
Así lo reiteraron los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, en la que se analiza el Paquete Fiscal Estatal.
Según los diputados panistas el impacto en el bolsillo de los yucatecos será como sigue: el coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, explicó cómo “esta medida afectará a las familias yucatecas. Puso como ejemplo el caso de un propietario de un automóvil Figo 2017, quien deberá pagar un total de $6,318 pesos para seguir circulando”.
Este monto incluye, según dijo:
- Derecho de placas: $1,465
- Tarjeta y calcomanía: $300
- Impuesto adicional para obras y asistencia social: $353
- Seguro vehicular obligatorio: $3,100
- Cambio de propietario (en caso necesario): $1,100
Asimismo, Torres Peniche propuso que en lugar del reemplacamiento, el Gobierno del Estado “opte por un refrendo vehicular, medida que está dentro de sus facultades”. “El Poder Ejecutivo tiene la capacidad legal de autorizar un refrendo hasta por cinco años consecutivos, evitando que las familias yucatecas tengan que absorber este alto costo. Es una alternativa viable y responsable para no afectar la economía de los ciudadanos”, afirmó.
Funcionarios confirman el reemplacamiento en reunión privada
La diputada Itzel Falla Uribe reveló que, durante una “reunión de trabajo privada con funcionarios del gobierno estatal, estos confirmaron que habrá reemplacamiento en 2025”. “Lamentamos que esta reunión se haya hecho a puertas cerradas, donde incluso no todos los diputados pudieron acceder. Aunque lo oculten, y no lo hagan de frente a la ciudadanía, lo que quieren hacer es un reemplacamiento. Esto demuestra una falta de transparencia y un intento de evitar rendir cuentas ante los yucatecos”, señaló Falla Uribe.
También los motociclistas pagarían
Por su parte, el diputado Álvaro Cetina Puerto destacó el impacto que esta medida tendrá en los motociclistas, quienes representan casi el 30% del padrón vehicular en Yucatán. “La mayoría de los usuarios de motocicletas son personas de menores ingresos que dependen de este medio de transporte para trabajar y llevar sustento a sus familias. Este reemplacamiento es un golpe directo a su economía. No podemos permitir que se cobre lo mismo sin tomar en cuenta las diferencias de poder adquisitivo y las necesidades de cada sector”, subrayó Cetina Puerto.
Alternativas propuestas por el PAN
El legislador Rafael Montalvo propuso además que los vehículos que “ingresen de otros estados realicen el cambio de placas de manera obligatoria, mientras que los propietarios locales solo cumplan con el refrendo, simplificando el proceso y evitando costos excesivos”.
Álvaro Cetina también señaló que, aunque Morena evite llamarlo públicamente “reemplacamiento”, la Ley de Ingresos refleja un aumento del 451% en el cobro por cambio de placas y del 474% en la expedición de tarjetas de circulación. Lo anterior demuestra a todas luces que habrá reemplacamiento en el 2025, y que se impactará indiscriminadamente a quienes poseen un vehículo, independientemente de su poder adquisitivo.
“Es inaceptable que se pretenda justificar esta medida con el argumento de una mala planeación fiscal del Gobierno Federal. Entendemos la necesidad de recursos estatales, pero instamos a que no se recurra al reemplacamiento, que afecta a todas las familias yucatecas”, puntualizó Cetina Puerto.
Por último, los diputados panistas reiteraron “su compromiso con la defensa de la economía de las familias yucatecas”. Por ello, dijeron, “hacemos un llamado al Gobierno Estatal a optar por soluciones responsables y sostenibles, como el refrendo, y no medidas que afectan a la población de manera indiscriminada”.