El caso del adeudo por las luminarias en el municipio de Progreso sigue sin resolverse y la bola de nieve sigue creciendo. Al actual alcalde, Erick Rihani podrían fincarle responsabilidades administrativas y penales, a siete meses del inicio de su administración.
Si bien el actual alcalde panista no es el acusado, se le pide que asuma su papel de nueva autoridad o en caso contrario podría ser sancionado. Quienes incurrieron en las presuntas conductas ilícitas son Julián Zacarías Curi y varios ex funcionarios de las administraciones 2018-2021 y 2021-2024, según los documentos consultados.
El caso se originó con la suspensión del servicio de luminarias con la firma de un convenio con una empresa particular realizada por el entonces alcalde José Cortés Góngora; dicho convenio se dejó de cumplir en la primera administración del ex alcalde, Julián Zacarías Curi.
Apenas en la semana que terminó el también ex alcalde José Cortés solicitó a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción le dé vista al actual presidente para que asuma su responsabilidad y proteja los intereses de los progreseños, según dice, ya que sigue avanzando el asunto y con ello el monto de los intereses a pagar, debido al incumplimiento del contrato que originó Julián Zacarías en un esquema parecido al que llevó a cabo el ex alcalde Renán Barrera Concha también con el contrato de luminarias firmado por la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara quien decidió cambiar las 82,000 luminarias de vapor de sodio del alumbrado público, que funcionaban bien, por otras tantas de inducción magnética, supuestamente de mejor calidad y más ahorradoras.
DENUNCIADOS
El 24 de julio de 2023 José Cortés interpuso una denuncia contra Zacarías, Carlos Martín Pérez Vidal, Lino Magos Acevedo y Emilio Javier Góngora Ortegón, todos ellos funcionarios municipales, por la comisión de conductas ilícitas en perjuicio del municipio de Progreso.
De esa denuncia se dio vista al entonces gobernador Mauricio Vila, al Congreso del Estado y al Consejero Jurídico, para que asumieran la representación del municipio, ya que el entonces alcalde (Julián Zacarías) se encontraba directamente involucrado.
Al no resolverse, el asunto pasó a las nuevas autoridades del Ayuntamiento de Progreso y al presidente municipal Rihani González, a quien se le pide que comparezca dentro de la investigación y asuma el rol que le corresponde. En caso de ser omiso a su deber, estaría incurriendo en el delito de ejercicio ilícito del servicio público previsto en el articulo 250 del Código Penal de Yucatán, según versión de las fuentes consultadas.
SENTENCIA FIRME
De acuerdo con una resolución judicial del 1 de abril de 2022, se determinó que el ayuntamiento de Progreso incumplió el contrato de las luminarias y se le condenó a que pague las contraprestaciones que dejó de aportar desde septiembre de 2018, es decir, cuando comenzó la primera administración de Julián Zacarías.
La sentencia quedó firme el 2 de junio de 2022 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ya son casi siete años desde que dejaron de pagar y ya son casi tres años que incurren en el desacato a una sentencia judicial. El caso le estalló a Zacarías Curi, quien jamás hizo el intento de resolverlo y mucho menos de cumplir, pero encima le pasó la papa caliente al actual alcalde Erik Rihani, quien a siete meses de administración no se ha interesado en el asunto.
De ahí que José Cortés solicitó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción que comparezca Rihani González en aras de que se cumpla la sentencia que tendrá que asumir el ayuntamiento, por actos y omisiones de Julián Zacarías.
También ya se dio vista del caso al gobernador Joaquín Díaz Mena, al titular del Congreso, Wilmer Monforte Marfil, y al consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz.
