La crisis ambiental y social en el puerto de Sisal escaló esta tarde cuando un grupo de pobladores, encabezados por Jorge Omar Burgos Novelo, alias “El Mulato”, amenazó a propietarios de predios frente al terreno deforestado, a quienes acusaron de grabarlos durante sus ilícitas actividades. En represalia, cortaron palmeras y arrojaron ramas y troncos dentro de las propiedades de los denunciantes.
Los afectados solicitaron la presencia de la policía a través del número de emergencia 911, pero las unidades nunca llegaron. Cuando reportaron que en una ocasión anterior las patrullas simplemente pasaron de largo, se les propuso que anotaran los números de las unidades para hacer un reporte formal, lo cual evidencia la desatención e impunidad con que se manejan las autoridades locales.
Estos hechos violentos ocurren en el contexto de una devastación ambiental que no solo continúa, sino que se intensifica. Desde hace semanas, se ha reportado la tala sistemática de la duna costera en la calle 21 Poniente, entre el Centro de Salud y el muelle, con el fin de fraccionar 10 hectáreas de terreno. El Ayuntamiento de Hunucmá, encabezado por Cristina Pérez Bojórquez, ha sido señalado por ofrecer lotes de 8×20 metros a quienes colaboren en la “limpieza” del terreno, con valor estimado de hasta 1.2 millones de pesos por predio.
Además del evidente daño ecológico —incluida la afectación al hábitat de especies protegidas como la tortuga marina, flamencos, cocodrilos y mojarras de agua dulce—, se ha documentado que los topógrafos enviados por el municipio ya fraccionan los terrenos y delimitan calles, incluso sobre propiedades particulares. Todo esto se realiza con el respaldo de elementos de la Policía Municipal de Hunucmá, y con la complacencia de la Guardia Nacional, que se ha limitado a observar.
Desde marzo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) habían anunciado medidas legales contra los responsables de la deforestación del manglar en Sisal, un delito federal. Sin embargo, los responsables siguen actuando con total impunidad y respaldo político. El gobernador Joaquín Díaz Mena declaró que los agitadores estaban plenamente identificados, pero no se ha informado de detenciones o procesos judiciales.
Habitantes, propietarios y ambientalistas exigen la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales, así como la suspensión definitiva de la entrega de lotes, el cese a la deforestación y la garantía de seguridad para quienes denuncian los atropellos.
Sisal, considerado Pueblo Mágico, se encuentra hoy al borde del colapso social y ecológico, víctima de la ambición inmobiliaria y de un aparato gubernamental que permite, e incluso promueve, el ecocidio a cambio de votos o intereses económicos.
