El viernes 30 de mayo, la Corte Suprema autorizó al presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 500.000 inmigrantes. Esta medida, decidida por su administración a finales de marzo, había sido suspendida temporalmente por un juez federal.
La administración Trump anunció el fin de un programa especial implementado bajo su predecesor demócrata, Joe Biden. Este programa permitió a nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití vivir legalmente en Estados Unidos durante dos años, debido a graves violaciones de derechos humanos en sus países de origen.
La jueza Indira Talwani, con sede en Boston, había intentado bloquear la medida. Argumentó que la administración Trump había malinterpretado la ley, enfatizando que el proceso de deportación acelerada sólo debería aplicarse a los no ciudadanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
También es importante señalar que, según el programa de la anterior administración Biden, estos migrantes legales, en su mayoría de países de habla hispana, ya debían salir de Estados Unidos el 24 de abril.
Mientras tanto, el 12 de mayo, la administración también pidió la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de refugiados afganos, lo que podría conducir a su deportación a partir de julio.
Estas medidas forman parte de los compromisos asumidos por Donald Trump durante su campaña, durante la cual aseguró que quería expulsar a millones de inmigrantes del país.
