La Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) informó que el pasado 2 de junio un juez vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva para Jorge “N” y José Alfredo “N”, por el presunto daño a manglares para la lotificación y venta de terrenos ganados al mar en el Puerto de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán.
Según dicha institución federal, estos hechos se dan en respuesta a la denuncia interpuesta por la Profepa ante la FGR (Fiscalía General de la República), por el desmonte ilegal de vegetación y por la violación de sellos de clausura en los terrenos costeros del Puerto de Sisal.
“Lo que hemos visto en Sisal a lo largo de varios meses ha sido una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación. Esta conducta es inaceptable, especialmente porque estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Según explica la Profepa, la afectación al mangle es un delito previsto y sancionado en el artículo 420 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, el cual establece que se impondrá una pena de dos a diez años de prisión y de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
“En los meses de febrero y marzo de 2025, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación arbustiva y matorral costero asociadas a una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) que en total suman 37,784 m2, por lo que esta Procuraduría impuso clausuras y abrió procedimientos administrativos para frenar la comisión de estos ilícitos”.
Asimismo, explica que los sellos de clausura impuestos por la Profepa fueron violados en reiteradas ocasiones, reanudando los procesos de desmonte de vegetación e incluso lotificando terrenos, todo eso sin contar con la autorización de la autoridad ambiental federal, por lo que esta Procuraduría presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.
También dice que para frenar estos ilícitos y buscar alternativas de solución en las que se atendieran las necesidades de la población, autoridades municipales y estatales de Yucatán, la Profepa y la Semarnat establecieron mesas de diálogo con los habitantes de la zona, en las que se acordó buscar lugares alternativos para la construcción de viviendas. Pese a la realización de estas reuniones, los procesos de desmonte y lotificación de la zona federal marítimo terrestre continuaron.
La zona federal marítimo terrestre es propiedad de la nación y cualquier obra u actividad proyecto de construcción en estas áreas debe contar con una concesión y autorización de parte de las autoridades competentes.
“Vamos a continuar trabajando de la mano de la FGR y de otras instituciones para robustecer la carpeta del caso; además, se mantendrán los operativos de inspección y vigilancia, las clausuras y los procedimientos administrativos a través de los cuales buscamos la reparación del daño y la protección de los ecosistemas costeros”, agregó la Procuradora.
