México es el país del mundo más peligroso para funcionarios públicos locales, como alcaldes, regidores y empleados de gobiernos. El año pasado hubo 324 eventos de violencia contra servidores públicos locales. En 2024, México fueron 324 eventos violentos (asesinatos, ataques, secuestros y desapariciones), 29% más que 2023, superando a países guerra como Myanmar . Cinco presidentes municipales mexicanos ya han sido asesinados durante este año.
Así lo dice la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) la que dio a conocer que México es el país del mundo más peligroso para funcionarios públicos locales, entre ellos alcaldes, concejales y empleados de gobiernos subnacionales como el de la Ciudad de México.
Con un 29% más de violencia que en 2023, los servidores públicos mexicanos están más expuestos que en zonas de conflicto, advierte la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados. Sinaloa, Michoacán y Veracruz, los estados más peligrosos.
Van 13 alcaldes y candidatos asesinados desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Desde el inicio del nuevo gobierno, las cifras de violencia no han cesado y 13 alcaldes, electos o en funciones han sido ejecutados por el crimen organizado incluso al interior de los palacios municipales.
En la categoría de funcionarios públicos locales, la organización internacional incluye a empleados de gobiernos subnacionales, como es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, quienes fueron asesinados por un sicario el 20 de mayo último en esta capital.
Señala que la violencia en México se ha concentrado especialmente en estados disputados por grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.
La competencia entre contendientes políticos locales también avivó la violencia en torno de las elecciones generales del año pasado, al igual que los incidentes relacionados con el descontento por los resultados, indicó el organismo.
Agrega que en Chiapas, el segundo estado más violento para los funcionarios locales, casi la mitad de los ataques ocurrieron en el contexto de las elecciones, y la mayor parte se debió a que simpatizantes de partidos dañaron material electoral y propiedades para obstruir o impugnar los resultados.
