Gobierno del Estado de Yucatán informó que “implementa un ajuste presupuestario preventivo enfocado en la eficiencia y la austeridad” / “Se estableció temporalmente el denominado Ambiente Controlado en materia de servicios personales”

La medida está enfocada en la eficiencia y austeridad del gasto público, al tiempo que protege las obligaciones laborales y permite un cierre financiero ordenado de 2026.
 
El Gobierno del Estado de Yucatán informó que “implementa un ajuste presupuestario preventivo enfocado en la eficiencia y la austeridad, con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar un cierre ordenado del ejercicio fiscal 2026 y privilegiar el gasto destinado a infraestructura y apoyos sociales en beneficio de las familias yucatecas”.
 
Según el comunicado “como parte de esta estrategia se estableció temporalmente el denominado Ambiente Controlado en materia de servicios personales, que permitirá contener compromisos presupuestales adicionales y orientar los recursos disponibles hacia las prioridades de la administración estatal, sin comprometer el cumplimiento de las obligaciones laborales”.
 
Dice que “la medida no implica la eliminación de plazas ni la cancelación de derechos adquiridos de las y los trabajadores. Se trata de un mecanismo temporal de disciplina financiera para evitar compromisos sin suficiencia presupuestal y fortalecer las condiciones con las que se proyectará el Presupuesto 2027”.
 
“El objetivo es hacer más eficiente el gasto público, reduciendo presiones administrativas y privilegiando aquellos recursos que se traducen directamente en obras, infraestructura, programas y apoyos que atienden las necesidades de la población”.
 
También dice que “al mismo tiempo, este ordenamiento permitirá proteger la estabilidad de la nómina estatal y garantizar los recursos necesarios para salarios, aguinaldos y prestaciones de fin de año, sin recurrir a endeudamiento para atender dichas obligaciones”.
 
“Los procesos relacionados con plazas y movimientos escalafonarios podrán retomarse conforme a la disponibilidad presupuestal del siguiente ejercicio fiscal. La disposición es temporal y busca que cualquier movimiento en materia de servicios personales cuente previamente con el respaldo financiero correspondiente”.
 
Asimismo, dice el comunicado que se estableció el 31 de agosto como fecha de corte para concluir procedimientos administrativos pendientes y evitar la generación de pasivos laborales sin reconocimiento presupuestal.
 
Asegura que “los movimientos y remuneraciones deberán estar respaldados por los nombramientos oficiales y las validaciones administrativas correspondientes”.
 
“La estrategia contempla también una optimización temporal de los recursos humanos mediante una mejor organización y distribución de funciones dentro de las jornadas laborales y de acuerdo con los perfiles correspondientes, sin que esto represente la exigencia de horas extraordinarias sin remuneración”.
 
Asegura que “se fortalecerán los mecanismos de control para impedir que las dependencias y entidades generen compromisos en materia de servicios personales sin contar con el techo financiero necesario, con el propósito de prevenir afectaciones al patrimonio público y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable”.
 
“El Gobierno del Estado mantendrá como principio que cada peso público se ejerza con responsabilidad y se dirija prioritariamente hacia acciones que generen bienestar, particularmente infraestructura y apoyos sociales, manteniendo al mismo tiempo finanzas públicas sanas y capacidad presupuestal para cumplir con las obligaciones del Estado”.
 
“El Ambiente Controlado tendrá carácter transitorio y estará limitado al cierre del ejercicio fiscal 2026. Su aplicación permitirá avanzar hacia un Presupuesto 2027 construido sobre bases financieras reales, con mayor eficiencia en el gasto y capacidad para atender las prioridades de desarrollo social y económico de Yucatán”.
 
Con estas acciones, concluye el comunicado, “el Gobierno de Yucatán fortalece una política de austeridad, eficiencia y responsabilidad presupuestaria, donde el ahorro y el orden administrativo tienen un propósito concreto: destinar más recursos a infraestructura, programas y apoyos que impacten directamente en la calidad de vida de las familias yucatecas”.