El jueves 4 de septiembre, el Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, conocida mediáticamente como “Ley Alito”, con 18 votos a favor y 13 en contra, es decir, con los votos de Morena en el legislativo estatal y la oposición de Movimiento Ciudadano y el PAN. La reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad fue presentada como una actualización a una norma vigente desde 1981, con la intención de alinearla con criterios federales y responder a necesidades relacionadas con infraestructura, vivienda social y crecimiento urbano, según se justificó.
En efecto. El Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones, conocida como “Ley Alito”, pese a críticas de la oposición. Impulsada por Morena, la iniciativa de la gobernadora Layda Sansores, busca actualizar la norma de 1981 para infraestructura y vivienda social, pero ha generado debate sobre posibles afectaciones a la propiedad privada y su uso político.
El nuevo marco otorga al gobierno estatal mayores atribuciones para declarar un predio como de utilidad pública y proceder a su expropiación en un plazo limitado, lo que ha generado inquietud entre diversos sectores políticos y sociales.
Los propietarios que resulten afectados dispondrán únicamente de cinco días hábiles para responder a la notificación inicial de expropiación.
La propuesta pretende actualizar la ley establecida en 1981, bajo el argumento de ajustar el marco legal estatal con las disposiciones federales. Además, busca promover el crecimiento urbano en zonas donde se registra escasez de terrenos destinados a infraestructura y vivienda social.
Las personas afectadas dispondrán solo de cinco días para presentar su defensa; de no hacerlo, podrían perder sus terrenos o inmuebles. Además, bajo el concepto de “utilidad pública” y con la aprobación de este marco legal, en Campeche será posible expropiar propiedades privadas.
Cabe destacar que, la reforma fue criticada por el PRI por considerar que el método de indemnización, basado en la última transacción ajustada por inflación, puede resultar en pagos por debajo del valor de mercado, ya que no incluye plusvalía ni mejoras.
Ante ello, Morena respondió que la reforma no representa una carga para los ciudadanos, sino que busca beneficiar a la colectividad mediante expropiaciones para obras públicas como infraestructura vial, educativa y de salud.
Se ha denominado de manera irónica como “Ley Alito” a la nueva iniciativa, luego de que el diputado local comparó la reforma con el caso del exgobernador de Campeche.
En su argumento, Ucán expuso que el priista adquirió 300 hectáreas de terreno al precio de 30 centavos por metro cuadrado, y edificó una residencia valuada en más de 300 millones de pesos con recursos públicos, lo que calificó como un agravio.
Por este motivo, sostuvo que con la nueva Ley sería posible expropiar estos terrenos destinados a obras públicas, y que, hipotéticamente, la indemnización para Moreno sería por el mismo costo que pagó originalmente.
Cabe recordar que la fiscalía de Campeche lo acusa de que bajo su gobierno se tejió una red de simulaciones, contratos irregulares, pagos sin respaldo y desvíos millonarios. Los hechos son públicos y están documentados por la prensa, los titulares son claros:
83.5 millones en peculado.
Pagos simulados, contratos irregulares, desvíos sin respaldo.
Empresas fachada, triangulación de recursos y compra de coberturas mediáticas.
Casi 4 mil millones de pesos desviados durante su gobierno en Campeche. Por ello, presentamos ante el Consejo General del
INE Mexico un punto de acuerdo para que se investigue formalmente el destino de los recursos públicos.
