“Clausura total y definitiva” de la granja porcícola de Santa María Chi ubicada en el norte de Mérida. Así lo anunció la titular de la Profepa, Mariana Boy en un vídeo publicado en redes sociales en el que dijo que luego de muchos años de luchas y de amparos, hoy, inspectores de la Procuraduría Federal Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron de manera total y definitiva a la Granja Porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, comisaría de Mérida, “por descargar reiteradamente sus aguas residuales de forma directa y sin permiso para hacerlo”.
Asimismo, informó que como parte de la justicia ambiental, la Profepa “trabajará en la reparación de los daños causados por la granja”.
Hoy, insistió la funcionaria federal, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
Explicó que a partir de la clausura, la Profepa “buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio”.
Dijo también que en atención a denuncias presentadas desde 2021, por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas, la Profepa realizó visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán, en los municipios de Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.
Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas, según las autoridades federales..
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que y “este caso es fundamental; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Los vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”.
Para la Profepa atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad. Y atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente forma parte de nuestro compromiso con la justicia ambiental, acotó.
Remarcó que continuarán trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector.
