Tres ciudadanas y extrabajadoras del municipio de Ucú presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una “denuncia ciudadana de juicio político en contra del presidente municipal, Gener Pech León

Tres ciudadanas y extrabajadoras del municipio de Ucú presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una “denuncia ciudadana de juicio político en contra del presidente municipal, Gener Pech León, a quien acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial e incumplimiento de acuerdos de Cabildo, lo que ha derivado en un grave perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento”, según explicaron.
Las promoventes, Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, comparecieron mediante escrito formal en el que solicitan la intervención del Poder Legislativo conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, argumentando que el alcalde ha sostenido una conducta “ilegal y contumaz” que atenta contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
Las ex trabajadoras, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado y con Elsa María Rodríguez Luna como su representante común, explicaron que fueron “despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú, motivo por el cual promovieron un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán”, según dijeron.
Tras un proceso que concluyó en diciembre de 2021, el Tribunal dictó un laudo condenando al Ayuntamiento de Ucú al pago de 253 mil 040.83 pesos a cada una de las tres demandantes, es decir, un total de 759 mil 120 pesos. Sin embargo, su abogado explicó que, “a pesar de que se otorgó un plazo de quince días para el cumplimiento, el presidente municipal ignoró la sentencia y desobedeció la orden judicial, permitiendo que el adeudo creciera progresivamente hasta alcanzar un millón 425 mil 840 pesos, de acuerdo con los acuerdos judiciales más recientes”.
Según el documento presentado ante el Congreso, el propio Cabildo de Ucú acordó en sesión solemne del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda laboral; sin embargo, el alcalde no cumplió con el mandato del órgano colegiado y tampoco ejecutó las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, dice el abogado y representante de las despedidas.
El texto denuncia que incluso “el edil habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo, presentando oficios que carecen de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, entre ellas el Gobernador del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso del Estado, lo cual, sostienen, podría constituir una falsificación documental y fraude procesal”.
En la denuncia se detalla que, “por la omisión e indolencia del alcalde, el monto original del laudo prácticamente se duplicó, generando un daño directo al erario municipal y afectando el prestigio y la solvencia del Ayuntamiento”.
“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento.
Ante esta situación, las denunciantes solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán que dé curso legal a la denuncia y determine la procedencia del juicio político en contra del presidente municipal, por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial.
La denuncia, presentada este martes 4 de noviembre de 2025, fue recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde se turnará a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual resolución conforme a la normatividad vigente.
Finalmente, las promoventes expresaron su confianza en que el Congreso del Estado actúe con imparcialidad y firmeza, pues consideran que la justicia no solo implica el cumplimiento de la ley, sino también el respeto a la dignidad de las personas y la defensa del patrimonio público.
“Confiamos en que prevalezca la verdad y la justicia”, señalaron al concluir su denuncia.