La alcaldesa de Cancún (Benito Juárez), Ana Patricia Peralta de la Peña, es señalada por un presunto desvío de recursos públicos investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el supuesto retiro de su visa americana, al igual que a su esposo y a su suegro, por parte de las autoridades de Estados Unidos. También se le acusa de estar vinculada al tráfico de huachicol fiscal. Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta acusaciones y escrutinio público por el uso de presuntos vuelos privados millonarios y supuestos vínculos de su administración con empresas investigadas por el contrabando de combustible (huachicol).
Reportes periodísticos señalan una línea de investigación de la FGR contra Ana Patricia Peralta de la Peña por supuestos vínculos con una red relacionada al Cártel de Sinaloa.
Indagan presuntas actividades ilícitas de transporte de hidrocarburos vinculadas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
Como era de esperarse, Ana Paty Peralta negó rotundamente todas las acusaciones a través de sus redes sociales. Calificó la información como “especulaciones” y afirmó que no existe ninguna investigación en su contra ni de la FGR ni de autoridades internacionales, asegurando que estos señalamientos buscan afectar sus aspiraciones políticas.
Estos señalamientos ocurren en un momento de alta tensión política, pocas semanas después de que la alcaldesa solicitara licencia para separarse de su cargo municipal con el fin de competir en el proceso interno de Morena por la gubernatura de Quintana Roo.
Asimismo, como ya hemos dado a conocer, investigaciones periodísticas, principalmente del diario Reforma, señalan que Lezama ha realizado más de 100 viajes, de los cuales 97 habrían sido en jets privados hacia destinos en el extranjero como Orlando y Vail en Estados Unidos.
Se calcula que el costo total de los traslados oscila entre 80 y 90 millones de pesos. La oposición (PAN) y analistas señalan una incongruencia económica, ya que costear esos vuelos requeriría el equivalente a 22.5 años de su sueldo mensual neto oficial de 102 mil 598 pesos.
Se reporta que la empresa operadora de los vuelos (Pabe-Tax) tiene además contratos asignados por el gobierno del estado de Quintana Roo.
La presidenta de su partido Morena, Ariadna Montiel, así como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se deslindaron de la situación afirmando que el partido no respalda “frivolidades” ni privilegios, y sentenciaron que la gobernadora “tiene que aclarar” el origen de los recursos.
Mara Lezama ha negado categóricamente la cifra de 97 vuelos. Aseguró en un comunicado que ha contratado servicios de transporte privados de manera personal por cuestiones familiares y de trabajo, pero sostuvo que jamás fueron solventados con recursos públicos.
Reportajes recientes expusieron que el gobierno del estado contrató a empresas relacionadas mediante socios y domicilios con la firma Tabasco Capital.
Dicha firma y varios de sus operadores se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por una red criminal de contrabando de combustible y lavado de dinero. Aunque los documentos no prueban que Lezama participara directamente en los ilícitos, el caso ha puesto bajo una fuerte lupa sus procesos de contratación pública. El gobierno de Mara Lezama y tres municipios de Q. Roo dieron más de $150 mdp a empresas ligadas a Tabasco Capital SA de CV, señalada por la FGR como facturera de la red de huachicol del dueño de Miss Universo.
Cabe mencionar que la actual gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha sido objeto de controversia por una lujosa residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Puerto Cancún. La propiedad, conocida mediáticamente por sus detractores como la “Casa Blanca de Cancún”, comenzó a documentarse en investigaciones periodísticas y denuncias desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez.
Cuenta con aproximadamente 1,100 metros cuadrados de terreno y su valor comercial estimado en el mercado residencial de alta gama ha sido calculado entre los 44 y más de 100 millones de pesos, dependiendo de los avalúos y transacciones reportadas.
