El relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana estuvo en Yucatán y escuchó a diversas organizaciones sobre dos temas principalmente: la destrucción de apiarios y de la producción de miel por el uso de plaguicidas en el Estado, utilizados por terratenientes y ganaderos inclusive con avionetas para rociar potreros y monocultivos y la industria alimentaria que cría animales en cautiverio como es el caso de la avícola y porcícola entre otras. Después de una visita de 10 días para recorrer una veintena de estados en México, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, dio una conferencia “sobre sustancias tóxicas y derechos humanos”. Marcos Orellana, manifestó preocupación por los efectos nocivos del empleo de plaguicidas a través de una trasmisión en vivo en Facebook.
El relator especial de la ONU criticó que no existan las medidas suficientes para garantizar que no se vulnere el medioambiente ni los derechos de las personas que viven cerca de estos proyectos, como las granjas porcícolas y avícolas y también reconoció que el uso de plaguicidas altamente peligrosos afecta el sustento de los habitantes mayas y de sus derechos culturales.
“Es alentador ver que el gobierno (mexicano) ha reconocido este desafío con el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA). Este reconocimiento debería conducir a políticas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental”, destacó Orellana.
Asimismo, enfatizó en que México ha logrado avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental y “es vital que el país continúe en esa senda”, por lo que, dijo, falta una ley general de sustancias químicas y una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos.
Al respecto, la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida, a través de un comunicado dijo que “en días recientes se han publicado declaraciones de Marcos Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como llamados de diversos grupos para declarar una emergencia generalizada por la actividad porcícola en Yucatán. Ante ello, la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida considera indispensable hacer una precisión pública: el futuro ambiental del estado no puede debatirse desde el sesgo, la descalificación ni la exclusión de una actividad que sostiene la economía y el empleo de miles de familias yucatecas”.
Asimismo, el comunicado dice que “preocupa profundamente que se quiera instalar una narrativa simplista sobre el sector, como si toda la realidad pudiera resumirse en acusaciones o consignas de confrontación. Los desafíos ambientales son reales y deben atenderse con seriedad. Pero las soluciones no se construyen desacreditando de manera generalizada a todo un sector productivo”.
“La porcicultura yucateca no puede analizarse con ligereza. Se trata de una actividad estratégica: Yucatán produce hoy alrededor del 12 por ciento de la carne de cerdo nacional y emplea de manera directa e indirecta a más de 30 mil personas en la cadena de valor”.
Orellana, quien es calificado como un experto en derecho ambiental internacional e imparte clases en Estados Unidos dio algunas recomendaciones tras haber visitado Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.
“He visto el aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de los cerdos, más de 500 fábricas, algunas con 50 mil o 100 mil cerdos, son volúmenes de generación de residuos, excretas y otros que son peligrosos, el uso de hormonas, el uso de antibióticos en los procesos industriales en la crianza de los cerdos. Todo esto está generando un tremendo impacto en los acuíferos. Recordar que Yucatán tiene suelos kársticos -así lo aprendí en esta visita- en donde el agua se encuentra a muy pocos metros de profundidad y donde los contaminantes migran muy rápidamente a los acuíferos”, declaró Orellana desde la Ciudad de México tras afirmar que en el país existen más de 50 lugares llamados “zonas de sacrificio”, que también se conocen también como “infiernos ambientales”.
En particular se refirió a la cuenca del alto Atoyac o Lerma en Jalisco o al Estado de Yucatán, en donde, aseguró Orellana, hay un “aumento descontrolado” de fábricas porcícolas.
Al respecto el comunicado de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida asegura que “en los últimos tres años, el sector ha formalizado convenios de mejora regulatoria con la SEMARNAT y la CONAGUA, y ha invertido en sistemas de tratamiento de aguas residuales en más de 40 unidades de producción. Eso demuestra algo fundamental: hay retos, sí, pero también hay instituciones actuando, diálogo en marcha y una ruta de mejora que debe profundizarse con responsabilidad, no contaminarse con posiciones extremas”.
El comunicado firmado por Manuel Quijano, presidente de los porcicultores, dice que “como presidente de la AGLPM, y en representación del sector porcícola organizado en Yucatán, exigimos que el Relator Especial Marcos Orellana haga público el protocolo de consulta que siguió antes de emitir sus declaraciones: a qué productores consultó, qué visitas técnicas realizó y sobre qué evidencia verificable sustentó sus conclusiones”.
“Cuando se emiten juicios públicos de alto impacto sin contraste integral, no solo se afecta la reputación de productores y empresas; se daña la confianza social, se polarizan comunidades y se dificulta la construcción de soluciones duraderas. Eso es lo que hoy está en riesgo”.
Las zonas de sacrificio, según la ONU, se llaman así no solo porque se ha sacrificado el medio ambiente y los recursos que le rodean; también se sacrifican la salud y los derechos de las personas que habitan ahí y son más de 50 sitios identificados por la relatoría de la ONU en México, con ayuda del Conahcyt.
