En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación fue aprobado por unanimidad el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de armonización respecto a la reelección inmediata y el nepotismo en cargos de elección popular.
La iniciativa, presentada por la entonces diputada Estefanía Baeza Martínez y suscrita por el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil, en representación de morena; el diputado Francisco Rosas Villavicencio, del PT; y el diputado Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, responde al mandato constitucional para todas las entidades federativas de adecuar su régimen interior con miras al próximo Proceso Electoral 2026-2027 en Yucatán.
El proyecto establece la prohibición de la reelección para las diputadas y los diputados estatales propietarios, así como para las y los regidores propietarios en los ayuntamientos de la entidad. En el caso de las personas suplentes para esos cargos, podrán ser electas para un periodo inmediato posterior como propietarias, siempre y cuando no hayan entrado en ejercicio de sus funciones.
Respecto al nepotismo, se propone que ninguna persona pueda aspirar o participar en la renovación de cargos de elección popular si tiene o ha tenido, en los últimos tres años previos a la elección, vínculos familiares como matrimonio, concubinato o unión de hecho, así como parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ostente el cargo de titular del Ejecutivo estatal, diputación o regiduría.
Los partidos políticos y agrupaciones políticas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado deberán garantizar la prohibición del nepotismo electoral. En ambos casos, de acuerdo con la Constitución Federal, aplicarán para el proceso electoral 2029-2030.
Durante la sesión también fue aprobado el proyecto de dictamen que contiene iniciativas para reformar y modificar la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en materia de prevención social de la violencia y participación ciudadana, así como de protección a las infancias. El dictamen aprobado fortalece la legislación municipal mediante un conjunto de cambios orientados a mejorar el funcionamiento de los ayuntamientos y acercar las decisiones públicas a la ciudadanía. Además, incorpora el principio de paridad de género en autoridades auxiliares, el impulso a mecanismos de prevención social de la violencia desde el ámbito municipal, el fortalecimiento de la transparencia en las sesiones de cabildo y la obligación de implementar sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes, con lo que se avanza hacia gobiernos locales más abiertos, incluyentes y enfocados en garantizar derechos.
El dictamen incorpora 4 iniciativas, 2 suscritas por la fracción legislativa de morena, y las representaciones legislativas del PT y PVEM, presentadas por las diputadas Alba Cob Cortés y Maribel Chuc Ayala; así como 2 suscritas por la fracción legislativa del PAN, presentadas por las diputadas Melba Gamboa Ávila y Zhazil Méndez Hernández.
Además, se aprobó por mayoría el proyecto de decreto para reformar la Constitución estatal en materia de reconocimiento de derechos humanos.
Previamente, fueron distribuidos el Oficio número DPM/034/04/2025, referente a adiciones a la Ley de Gobierno de los Municipios; la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política estatal y al Código de Familia, en materia de identidad de género; y la iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de fortalecimiento de la pluralidad, idoneidad, transparencia y erradicación de la violencia de género.
Los asuntos serán turnados por la Secretaría General del Congreso para lo que resulte conducente en la siguiente sesión.
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