La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal total de las actividades en un predio ubicado en la localidad de Becanchén, municipio de Tekax, Yucatán, tras detectar el desmonte ilegal de 18.4 hectáreas de vegetación forestal sin contar con la autorización correspondiente, según informó dicha institución del gobierno federal. Como parte de la medida de seguridad, también se realizó el aseguramiento precautorio de maquinaria pesada, equipo y madera obtenida de manera irregular por un grupo de despojadores que en días pasados aparecieron en Becanchén, armados, con perros de ataque y con los rostros cubiertos argumentando que el terreno era de ellos.
La acción se llevó a cabo el pasado 10 de abril, en atención a una denuncia ciudadana presentada por ejidatarios del núcleo agrario de Becanchén, quienes alertaron sobre la posible realización de actividades ilegales en terrenos forestales.
Durante la inspección, el personal de la Profepa verificó la eliminación completa de la vegetación natural en un área de alrededor de 18.4 hectáreas de selva mediana subcaducifolia. En el sitio se observaron evidencias de desmonte mediante el uso de maquinaria pesada, tales como suelo desnudo, restos de troncos, ramas y raíces, así como huellas de arrastre, nivelación y compactación del terreno. Estas acciones provocan la pérdida de cobertura vegetal, la fragmentación del ecosistema y la afectación de los servicios ambientales que brinda esta zona.
Asimismo, se detectó el acopio de 92 piezas de madera en rollo de diversas especies tropicales, con indicios de haber sido aprovechadas recientemente. De acuerdo con lo manifestado por la persona que atendió la diligencia, las actividades iniciaron el 7 de abril de 2026.
Al momento de la inspección, no se presentó autorización alguna emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para realizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que las actividades fueron consideradas ilegales.
Derivado de lo anterior, la Profepa procedió a la clausura temporal total del predio y al aseguramiento precautorio de cuatro maquinarias tipo bulldozer, un remolque, dos plantas de luz y las 92 piezas de madera, como medida para detener el daño ambiental y evitar la continuidad de las actividades.
La Profepa iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades y las sanciones aplicables. Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su compromiso de atender las denuncias ciudadanas, frenar el deterioro de los ecosistemas forestales y garantizar la protección del patrimonio natural del país.
