La activista e investigadora polaca anticorrupción Monika Silva Koniuszek fue asesinada tras investigar versiones que involucraban al negocio familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en actos de corrupción, incluyendo afirmaciones de que se había incautado cocaína en envíos de bananos exportados por Noboa Trading, cuentan sus amigos y compañeros activistas al diario británico The Guardian. Al conocerse su muerte, el ministro del interior ecuatoriano dijo que había sido un suicidio, pero la autopsia reveló que fue asesinada, lo que ha ocasionado un fuerte debate de la protección que otorga el gobierno estadounidense a su títere Daniel Novoa quien actúa con toda impunidad para incluso mandar ha asesinar periodistas. La activista polaca había vivido en Ecuador durante más de 10 años y había denunciado casos de presunta corrupción gubernamental y fraude inmobiliario. Durante meses, denunció haber recibido amenazas y temer por su vida. Era una defensora del medio ambiente y de los ecosistemas en Santa Elena, Ecuador. Silva Koniuszek había dedicado la última década a denunciar delitos medioambientales y corrupción en las redes sociales, y a colaborar con periodistas locales.
Monika Silva se encontraba investigando presuntos actos de corrupción y nexos con el narcotráfico vinculados al negocio familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa (Noboa Trading).
El gobierno de Ecuador inicialmente dijo que su muerte parecía ser un suicidio. Sin embargo, una autopsia ha encontrado que murió por un golpe en la cabeza y estrangulamiento. Un día después de su muerte, y antes de que se dieran a conocer los resultados de la autopsia, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial era que se trataba de un suicidio. “En el lugar de los hechos se encontraron las pruebas necesarias para llegar a esa conclusión”, declaró a los medios locales.
Monika Silva Koniuszek, de 41 años, fue hallada muerta en su domicilio de Montañita, una localidad costera de la provincia ecuatoriana de Santa Elena. Esta madre soltera, con dos hijas de cuatro y nueve años, fue encontrada en el suelo con una soga alrededor del cuello el 8 de junio.
Silva Koniuszek, quien también había investigado presunto tráfico de tierras que involucraba a figuras políticamente conectadas en la provincia de Santa Elena, así como delitos ambientales, había recibido amenazas de muerte repetidas, y le dijo a sus amigos que recientemente había entregado un expediente con sus investigaciones a la embajada de Estados Unidos en Quito. Sus amigos afirman que Silva Koniuszek sufría acoso judicial y había recibido amenazas de muerte explícitas, presuntamente vinculadas a las mismas redes delictivas que asesinaron a un compañero activista, el periodista local Robinson del Pezo, en noviembre de 2025.
Las autoridades ecuatorianas dicen que están investigando. Pero Daniel Noboa, quien detenta la nacionalidad estadounidense y es presidente Ecuador, tiene una empresa familiar llamada Grupo Noboa, con la cual, según informes internacionales, trafica cocaína hacia Europa, metiendo la droga camuflada en cargamentos de bananos.
Narcotraficantes de los Balcanes han utilizado contenedores de la empresa familiar Noboa para contrabandear cocaína hacia Europa, más de media tonelada de cocaína fueron incautadas en los barcos de Noboa en el Puerto de Ploče, Croacia, en 2021.
El gobierno de Polonia y las Naciones Unidas piden a Ecuador se investigue la muerte de la activista Monika Silva Koniuszek, quien realizaba investigaciones sobre las empresas del presidente de ecuador Daniel Noboa y de su familia, asi como sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las pruebas contra Noboa por narcotráfico son contundentes. Un informe de investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha descubierto nuevas pruebas que sugieren que una empresa vinculada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su familia está implicada en el tráfico de cocaína hacia Europa. El informe de la OCCRP es demoledor: se basa en nuevas pruebas procedentes de mensajes cifrados entre presuntas figuras del crimen organizado en los Balcanes, documentos fiscales, registros de navegación y otras pruebas materiales.
Silva era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena.
Asimismo había exigido justicia por la muerte de Robinson del Pezo, un periodista comunitario de la provincia que también investigaba denunciadas vinculadas a supuestas irregularidades en el manejo de terrenos.
