Redacción.- La Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra se reunió con Julissa (L.J.Ch.H.) en palacio de gobierno a mediados de semana, cuyos hijos se encuentran en el Caimede (Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo) luego de que dio a luz el pasado 26 de octubre en Mérida, Yucatán. Julissa, desde el pasado viernes 16 de diciembre, instaló una casa de campaña en medio de la calle 61, con 60, enfrente del palacio del gobierno del estado, rodeada de varios juguetes para sus pequeños, así como de carteles pegados, en los que exigía que le devolvieran a sus dos hijos. La funcionaria estatal le “reiteró la plena disposición del Gobierno del Estado de continuar apoyándola para cumplir con los requisitos legales que se le pide a fin de que pueda obtener la guarda y cuidados de los dos menores, en caso de resultar viable”, como por ejemplo, que registre a los menores en el Registro Público para que tengan actas de nacimiento, de las que carecen. Julissa apenas pudo volver a tener entre sus brazos a su hija recién nacida y su hijo de seis años el pasado 4 de noviembre, a través de dos visitas controladas por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), instancia que interpuso una denuncia “por maltrato infantil” contra la madre de 29 años, misma que ya está siendo cancelada.
Según se informó, la señora Julissa fue recibida por “un equipo especializado de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), encabezado por su titular, María Cristina Castillo Espinosa, la funcionaria recibió en sus oficinas de Palacio de Gobierno a L.J.Ch.H. para informarle de las gestiones a realizar ante las instancias correspondientes con el fin de que pueda cumplir en el menor tiempo posible los requerimientos legales, incluido los del Registro Civil, para darle el derecho a la identidad a sus hijos”. Julissa entró acompañada de Andrés Nieves Cervantes (ex candidato del PES, Partido Encuentro Social, dueño de una funeraria y quien también manipuló políticamente el caso del torturado y muerto joven José Eduardo Ravelo tras ser detenido por la policía municipal de Mérida). Andrés Nieves fue acusado por la activista (quien dio a conocer el caso de Julissa) Dariana Quintal Narváez de, a “base a engaños, manipulación y aprovechando la vulnerabilidad de Julissa”, haber tomado el caso de la madre, con quien ya no ha tenido contacto incomunicándola además con sus familiares.
De tal manera, la carpeta de investigación, con el folio 1301/2022 que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, se encontraría en “una etapa de determinación para la solicitud de no ejercicio de acción penal” en contra de la mujer por presunto “maltrato infantil”.
La secretaria general de gobierno, por su parte, “invitó a la ciudadana a cumplir fidedignamente y de manera puntual con los requisitos que la ley exige en aras de la protección de los menores ya que en tanto no se cumpla se tendrá que continuar con el debido proceso porque como Estado nuestra obligación y deber constitucional es cuidar de la integridad y el bienestar de la niñez”, según argumentó.
“Por encima de intereses personales y de los derechos de los padres, están los derechos de los niños, por lo que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, defendiendo y garantizando de manera plena sus derechos fundamentales: identidad, salud, educación, seguridad alimentaria y una vida digna para su sano desarrollo y bienestar integral”, aseguró Fritz Sierra.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán dijo que “activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para proteger los derechos de dos menores, una bebé recién nacida y un pequeño de 6 años, al encontrarse indicios de que ambos infantes estaban en una situación de riesgo alto si permanecían en resguardo de la ciudadana L.J.Ch.H.”.
El Gobierno estatal justificó “que frente al riesgo en el que se encontraban, pasaron a estar bajo la tutela del Estado y se tomó acción con fundamento en los artículos 36, 49 y 50 de la Ley Para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, Artículos 121, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siempre priorizando la seguridad y correcto desarrollo de los menores”.
Asimismo, se afirma que “el Instituto de la Mujer le ofreció buscar un trabajo para Julissa, así como la atención psicológica y empezaron las gestiones ante el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán para regularizar la vivienda de Julissa”.
“Los menores no cuentan con actas de Registro Civil que determinen fecha y lugar de nacimiento, por lo que, el Gobierno del Estado está realizando las gestiones para que en breve puedan contar con este importante documento que brinda identidad porque es así como se le proporciona no sólo la existencia legal de las personas, sino que también, se les reconoce sus derechos”, dicen las autoridades estatales.
“La protección del Interés Superior de la Niñez es lo que nos guía como gobierno por esa razón nuestro apoyo va más allá de proporcionarte ayuda jurídica y administrativa, cuentas con nosotros no solamente para que tú recuperes a tus niños cuando ya cumplas con todos los requisitos, sino para darte un acompañamiento, un seguimiento de aquí en adelante”, habría dicho Fritz Sierra.
Julissa es una mujer de 30 años originaria de Tabasco y que anteriormente vivía en Quintana Roo, ayudante de albañil, y tras dar a luz en el hospital O´Horán, una trabajadora social le habría hecho “preguntas sobre si le gustaban las mujeres porque se veía masculina, que si tenía marido, que cómo se había embarazado e incluso le dijo que eso podía dar un mal ejemplo a sus hijos”, según señalan grupos de la sociedad civil que la han venido asesorando.
Dichas organizaciones y activistas desde hace semanas han dicho que se trata de “una retención ilegal de la bebé recién nacida y el hijo de 6 años de Julissa, de 29 años”.
Julissa llegó al Hospital General Agustín O’Horán de Mérida, Yucatán lista para el parto y recibir a su segunda hija, la Bebé G, el 26 de octubre. Una trabajadora social del hospital le hizo “un estudio socioeconómico, para saber cuánto tendría que pagar por el servicio de salud y la atención médica”, han dicho las organizaciones las que han cuestionado que “¿desde cuándo ser pobre y lesbiana son impedimentos para la maternidad? Se está criminalizando que Julissa es lesbiana y de escasos recursos”.
Sin embargo, la Secretaría de las Mujeres afirma que “ofreció la asistencia interdisciplinaria a la ciudadana, a fin de cumplimentar los procesos legales en aras de la reunificación familiar y bienestar de los infantes”, por lo que el caso estaría cerca de solucionarse, es decir, Julissa podría reunirse de nuevo con sus hijos pronto.
También el gobierno estatal ha informado que “la ciudadana L.J.Ch.H. podría ingresar a un esquema de apoyo para el pago de hasta tres meses de renta de un bien inmueble para que pueda acreditar ante las instituciones competentes que cuenta con un domicilio seguro para ella y su familia”.
Durante la reunión en palacio de gobierno personal de atención jurídica de la Semujeres “también brindó orientación a la mujer sobre los documentos y gestiones necesarios para solventar los requerimientos legales que la ley exige y deben cumplir los progenitores en la guarda y custodia de sus hijos menores de edad. También se ha abierto un canal de comunicación permanente entre la dependencia y L.J.Ch.H. a fin de brindarle la atención que requiera”, según dicen.
Finalmente, Fritz Sierra “le reiteró a L.J.Ch.H. que el procedimiento que se sigue es bajo el respeto pleno de la Ley para la protección de los derechos de los infantes y garantizó que se ha buscado sea lo más ágil posible”.
Para quien aún no conoce a Julissa, ella es una madre de dos menores (entre ellos, Génesis, así le nombrará a la menor). Julissa se dedica a la albañilería, y demás cuestiones que se ocupen en la construcción de obras y; su expresión de género es masculina o lesbiana.
El problema, es que no registró a su hijo mayor, quien supuestamente nació en Quintana Roo. Sin embargo, a solicitud de la administración estatal el gobierno del estado vecino señaló a las autoridades estatales de Yucatán, no tener ninguna constancia de su nacimiento.
