La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual le ordenó le proporcione información sobre los responsables de la redacción de notas periodísticas publicadas. Es decir, le solicitó los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.
De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido “interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local”.
Como era de esperarse las notas periodísticas sobre las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, la morenista Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.
Esta medida fue considerada por la empresa Telemar como “un intento de control y censura”, similar al que se impuso a Tribuna y al periodista Jorge González Valdez, a quienes se dictaron medidas cautelares para que en sus publicaciones no hagan referencia a la gobernadora Layda Sansores, y en caso de hacerlo tendrán que enviar las notas a una oficina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde un censor decide si se publica o no.
Telemar, es una filial del corporativo “Organización Editorial del Sureste” que también administraba Tribuna y dejó de salir al aire a través de las señales de cable desde hace más de dos años, por lo que solo funciona como plataforma digital.
Como se recordará, desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores.
