Con el voto a favor de las bancadas de morena, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y de una diputada sin partido, el Congreso Estatal aprobó esta tarde la contra reforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) aprobada en el año 2022. La bancada del PAN votó en contra. Según el discurso de la mayoría morenista con dicha marcha atrás “se busca devolver derechos laborales, fortalecer el sistema de pensiones y garantizar la estabilidad financiera del ISSTEY (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán)”. Sin embargo, el PAN advirtió que “se trata de una decisión políticamente rentable pero financieramente insostenible: Se utiliza el fallo de la Suprema Corte como pretexto para revertir medidas responsables que habían buscado garantizar la supervivencia del sistema de pensiones. Pero la Corte nunca ordenó comprometer la viabilidad financiera del ISSTEY”. Cabe mencionar que en un comunicado de ayer, el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) Yucatán pidió que no se aprobara dicha contra reforma.
Tras la aprobación por mayoría, personas que estaban presentes, entre ellas el diputado federal morenista, Oscar Brito, festejaron la “victoria” con aplausos y gritando: “¡el pueblo unido jamás serán vencido!”.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil expresó su respaldo a la iniciativa al destacar el papel de los trabajadores como fortaleza del Estado y la necesidad de actuar con justicia social.
“No es populismo, es estar del lado de la gente”, afirmó el legislador, tras afirmar que gobiernos anteriores “usaron los recursos del ISSTEY para otras cosas que no iban en beneficio” de casi 42 mil trabajadores del Estado.
“Hoy es un día trascendental para Yucatán, esta iniciativa devuelve sus derechos a los trabajadores y vamos a seguir trabajando para que tengan mejores condiciones salariales y cuando ya hayan cumplido su ciclo laboral, se vayan a su casa a vivir con dignidad por el esfuerzo del trabajo que le han entregado al estado”, expresó.
Sin embargo, no se explicó ni se dieron datos concretos de cómo se financiarán las pensiones desde los 55 años y con un promedio de aumento del 20 o 30 por ciento.
La diputada de Morena, Maribel Chuc Ayala aseguró que “esta reforma no nace del capricho ni de la improvisación, surge de la escucha, del diálogo y del compromiso con quienes durante años han sostenido la educación, la salud y los servicios del Estado”, por lo que es la “corrección de una injusticia histórica” al devolver derechos a las y los trabajadores del Estado.
El diputado Julián Bustillos Medina, también de Morena, dijo que el nuevo marco legal representa un acto de reparación y justicia, tras los efectos negativos de la reforma anterior. “Hoy damos un paso firme hacia la reparación de los agravios y la construcción de un marco normativo más justo y sostenible”, expresó.
El diputado Gaspar Quintal Parra del PRI calificó como insuficiente para garantizar la justicia social y restituir de manera integral los derechos de los servidores públicos. El diputado priista Gaspar Quintal Parra, señaló que el dictamen se queda corto, ya que no logra el objetivo esencial de asegurar en forma amplia el respeto y la protección de los derechos laborales, ni garantiza la viabilidad financiera del Instituto. También reconoció las coincidencias alcanzadas a través del diálogo; mientras que la diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, se manifestó a favor del dictamen, resaltando la lucha constante de los trabajadores del estado en defensa de sus derechos laborales.
El diputado del Partido Acción Nacional, Roger Torres Peniche manifestó que la postura de su bancada sería en contra de la reforma y argumentó que los propios informes técnicos muestran que esta contrarreforma abriría un boquete financiero que agotaría la liquidez del Instituto antes de 2028, dos años antes de lo que se había proyectado incluso en los escenarios más pesimistas.
Recordemos añadió el diputado panista, que, en 2019, el ISSTEY contaba con $555.9 millones de pesos en recursos líquidos, $667.38 millones en inversiones, y una reserva territorial valuada en más de $3,300 millones de pesos. Y hago referencia a los números de esta fecha porque son las únicas cifras que son publicas, pues la Comisión que estudio este dictamen nunca recibió información alguna económica para valorar la viabilidad financiera de la propuesta y que puedan actualizar estos datos.
Sin embargo, esos recursos no son eternos ni pueden usarse para pagar pensiones: su función es preservar el patrimonio institucional y no financiar un esquema deficitario afirmó Roger Torres quien insistió en que con base en estudios actuariales se advirtió que sin la reforma de 2022, la liquidez del Instituto se agotaría en 2030. Ese es un hecho matemáticamente fundado y documentado.
Hoy, con esta contrarreforma, ese escenario se adelanta peligrosamente dos años, setenció.
Por parte de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante así justificó su voto a favor: “La nueva reforma al ISSTEY le devuelve a las y los trabajadores del Estado lo que la reforma de 2022 les arrebató. Quienes todos los días sostienen este país merecen descansar con la tranquilidad de saber que su esfuerzo es tratado con dignidad”.
Larissa Acosta Escalante dijo que “el Estado no se sostiene con hojas de cálculo; se sostiene con el trabajo de las y los servidores públicos que hacen posible que este país camine”.
La sesión contó con la presencia de líderes sindicales, trabajadoras y trabajadores del estado, así como la asistencia de los diputados federales de morena, Óscar Brito Zapata y Linette Fernández Sarabia, quienes presenciaron la votación del dictamen impulsado por el gobernador Joaquín Jesús Díaz Mena, en cumplimiento con el compromiso de reparar los agravios provocados por la ley aprobada en 2022.
Entre los cambios más relevantes de la reforma se encuentran la reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años; establecimiento de 30 años de cotización para hombres y 28 para mujeres; la eliminación del salario regulador, calculando ahora las pensiones con base en el promedio de los dos últimos años de sueldo; el congelamiento de las aportaciones de los trabajadores en 11 por ciento hasta 2030; la prohibición de inversiones de riesgo y blindaje de las reservas del Instituto, asegurando su sostenibilidad, entre otros.
Durante la sesión, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Postulación del Reconocimiento del “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que este año será otorgado en Sesión Solemne, de manera póstuma, al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, por su destacada trayectoria en la salud pública y su compromiso con el bienestar de la población yucateca.
El diputado Daniel González Quintal, presidente de la citada Comisión, expresó que este reconocimiento “honra la vocación de servicio y el legado de un médico que dedicó su vida a cuidar, enseñar y acompañar a su pueblo”.
Por unanimidad de votos, el Pleno aprobó el acuerdo por el que se expide la convocatoria del Reconocimiento “Efraín Calderón Lara”, correspondiente al año 2025, con el objetivo de reconocer a jóvenes yucatecos destacados en los ámbitos académico, deportivo, cultural, social, de innovación y emprendimiento.
Además, se hizo de conocimiento del oficio del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual se informó la instalación del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026 y, en Asuntos Generales, el diputado de MC, Javier Osante Solís, hizo uso de la tribuna.
Finalmente se convocó para la siguiente sesión que será solemne para la entrega del reconocimiento del “Médico del Año”, el jueves 30 de octubre a las doce horas.
