Redacción.- En el 174o. periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes indígenas junto con organizaciones de la sociedad civil mexicanas visibilizaron el régimen y la jurisdicción agraria como una fuente de vulneración de derechos de los pueblos indígenas en México en una audiencia pública temática.
En la audiencia, se presentaron patrones de violación a los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio así como a su libre determinación a partir de las experiencias de comunidades mayas, rarámuri y ódami, expresadas en dos testimonios de representantes de dichas comunidades. Asimismo se realizaron una serie de peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos, tendientes a atender la problemática.
Los peticionarios sostuvieron que el régimen agrario al reconocer la comunidad agraria como parte de la propiedad social, ha sido la vía más utilizada por los pueblos indígenas para obtener ciertos derechos de propiedad sobre sus territorios. Sin embargo, este régimen impide a los pueblos indígenas la protección y recreación de su propiedad colectiva y de su territorio. Igualmente señalaron la orientación normativa y práctica de las instituciones del sector agrario hacia la privatización y el despojo del territorio indígena. A esto se añade la precariedad económica y creciente marginación de los pueblos indígenas, derivada de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que ha afectado gravemente la propiedad comunal agraria debido a que los pueblos no pueden ejercer su libre determinación.
Las imposiciones normativas del régimen agrario no permiten a los pueblos definir libremente su desarrollo económico, social y cultural en función de su bienestar desde su propia identidad cultural. Sin esta libertad, se ha generado la división al interior de los pueblos, así como la inseguridad y la injusticia. Muchos pueblos se encuentran en una situación de extrema vulneración por no contar con el reconocimiento de sus tierras y territorios.
Entre las peticiones se solicitó se reconozcan y protejan los territorios indígenas, y, con la participación de los pueblos y comunidades, se identifique y se implemente una vía de acceso adecuada, accesible, rápida y efectiva para que se lleve a cabo dicho reconocimiento y protección, según lo establecido en los estándares internacionales.
También se urgió al Estado poner alto, atender y reparar las graves consecuencias que viven las comunidades a causa de la defensa de sus territorios que les ha significado amenazas, agresiones y desplazamiento, como ocurrió en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con el asesinato del señor Julian Carrillo y familia.
Durante la audiencia, el Estado mexicano reconoció las fallas del régimen agrario y del sistema de justicia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que no toma en cuenta su realidad y es causa constante de violación de sus derechos colectivos También reconoció el problema de corrupción que afecta al sector y anunció que se tomarán medidas.
La CIDH instó al Estado mexicano a tomar medidas para que los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas se apliquen en este sector así como en el impulso de la reforma constitucional en la materia y en el debate legislativo para reformar la Ley Agraria. Así mismo se acordó que la Relatora de Pueblos Indígenas de la CIDH realizará una visita a México y brindará asesoría técnica al Estado mexicano en el proceso de reforma constitucional en la materia.
Para mayor información sobre los temas planteados en la audiencia, se puede consultar el informe publicado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el año 2018, titulado ?La jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México?. También la Red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara publicó el 2016 el informe ?Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara?. http://www.dplf.org/es/resources/informe-sobre-la-
Firmantes: Fundación para el Debido Proceso, Indignación Promoción y Defensa de Derechos Humanos A.C. (DPLF), Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), Red de Productores de Servicios Ambientales A.C. (REPSERAM), Alianza Sierra Madre, A.C, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., (CECADDHI) Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
