Con la justificación de la lucha a la pandemia se han impuesto, y se imponen, medidas coercitivas a los ciudadanos alrededor del mundo calificadas de draconianas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Numerosos gobiernos han aprovechado la emergencia sanitaria para borrar limitaciones constitucionales a su poder o para perseguir opositores y periodistas. Y lo peor, aún parece estar por llegar, en ésta escalada distópica en la que va encarrilado el mundo globalizado (desde hace tiempo) con el lanzamiento de la APP de seguimiento de personas enfermas o que han entrado en contacto con portadores del COVID-19.
En efecto. “Si usted estuvo en contacto con una persona que dio positivo a un test de coronavirus. Por favor aíslese”. Éste es el mensaje que podría llegar a su celular próximamente, advierten en algunos países del cono sur americano.
En Italia, se interroga Paolo Becchi, en el diario “Libero”, si deberemos “vivir con la pesadilla, con el pánico, con la obsesión por los virus. Saldremos a la calle, sí, pero con aplicaciones digitales de seguimiento, guantes y máscara que se convertirán en parte de nuestra ropa para siempre, como corbatas y bufandas: ¿Aprenderemos a besar con una máscara sin el contacto de las lenguas, o tal vez usando un condón especial? ¿Los abrazos sucederán a distancia? ¿Funcionarán la universidad y las escuelas en el modo e-learning? Por otro lado, todos felices (¿felices?), por poder estar en contacto continuo a través de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, muy cerca del mundo virtual, pero en la playa con una máscara y bajo el paraguas bien aislado y protegido por paneles de plexiglás?”, añade Becchi.
Por lo pronto, República Checa, Francia, Italia, anuncian la APP de seguimiento de ciudadanos infectados del coronavirus.
En Francia el gobierno de Emmanuel Macron jura y perjura que la implantación de “Stop Covid”, una APP de seguimiento de los contagios, no geolocalizará a los usuarios sino que funcionará a través del Bluetooth y avisará a quienes han estado cerca de un portador del coronavirus.
Eso sí, la confianza de los franceses en su gobierno cae en picado. Siete puntos en una semana, según el último sondeo publicado este domingo (39%), citado por el diario español El Mundo, lo que revela que además de las libertades, numerosos gobiernos saldrán en no muy estado de salud de éste encierro decretado por la pandemia.
Y claro, por lo pronto, más promesas: Apple y Google afirman que su próxima herramienta de rastreo de contactos para COVID-19 “tendrá protecciones de privacidad más robustas”. La APP agrega tecnología a los sistemas operativos IOS y Android que alertarán a los usuarios si han entrado en contacto con una persona con COVID-19.
El aviso, podría llegar con una alarma y luces rojas a su celular, nos imaginamos, de forma que usted, si no muere contagiado, lo haga al menos de un paro cardíaco. Quizá todos los que estén a su alrededor salgan huyendo, o comiencen a perseguirlo, o agredirlo como sucede en México con los trabajadores del sector Salud.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta que la pandemia del coronavirus podría dar a algunos gobiernos la excusa para adoptar medidas represivas por razones ajenas a la pandemia, y aseguró que esta crisis podría derivar en violaciones severas a los derechos humanos: “Hay un retroceso contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede proporcionar un pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia. Esto es inaceptable”, afirmó.
Dicho y hecho: Un decreto emitido por el gobierno de Bolivia que establece medidas contra la propagación del COVID-19 incluye una disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas, advirtió Human Rights Watch (HRW).
En Europa, el primer ministro ultradrechista, Víctor Orban, vio como anillo al dedo la crisis del coronavirus para sus pulsiones autoritarias y represivas: El 30 de marzo, el Parlamento de Hungría adoptó una draconiana ley de emergencia que permitirá a Orban suspender las leyes, obviar al Parlamento y adoptar decretos de forma ilimitada. Dichas facultades, por si fuera poco, no tienen fecha de caducidad.
Y como advierte Hugh Williamson, director de HRW para Europa y Asia, “es alarmante como los periodistas y otros detractores de Orban están siendo acusados de difundir “hechos falsos” y “hechos distorsionados” y sentenciados hasta cinco años de prisión.
Y la lista puede continuar. Y continuará. No cabe duda, desde los municipios yucatecos, y sus alcaldes, convertidos de un día para otro, en penosos cancerberos del báratro sanitario que nos dejaron gobiernos saqueadores y políticas económicas rapaces del pasado.
